Pensadores del calibre de Octavio Paz y Norberto Bobbio -aunque no necesariamente llegando a las mismas conclusiones- la necesidad de encontrar una articulación entre las tradiciones socialista y liberal. Del mismo modo, la filósofa Chantal Mouffe ha subrayado que el proyecto de la democracia radical, del cual es una de las portavoces más notables, no puede prescindir del liberalismo político, ya que este otorga herramientas cruciales para evitar que la soberanía popular descienda en tiranía.
Es justamente sobre el meollo de la ética liberal que existe un cierto consenso, es decir, sobre la necesidad de dejar a un lado la idea de una voluntad popular armónica y aceptar la permanencia de los antagonismos. Para el manejo de los últimos, las instituciones liberales siguen siendo el mejor marco posible, aunque susceptible de muchas mejoras.
En el frente de la praxis política, es legítimo pensar que Ecuador no está logrando una feliz conjugación de las dos tradiciones. Una vez más, un poder del Estado, formalmente independiente del Ejecutivo, toma una decisión que es enteramente funcional a los designios del Gobierno central. La completa autonomía de las demás funciones es una formalidad que encuentra cumplimiento solamente en las efímeras independencias financiera y administrativa.
La división de los poderes, una de las piedras angulares del liberalismo político, en Ecuador no es otra cosa que una gigantesca burla. No me alargaré en señalar -con propósito justificativo- la aplastante genealogía hispano-árabe de las tendencias que sofocan la aplicación satisfactoria del principio mencionado: me urge más bien recordar que la Revolución Ciudadana se impuso con la promesa de cambiar la cultura política de este país. Por más titánica que sea la tarea, no lo está haciendo con la radicalidad que el ímpetu inicial había hecho esperar.
La decisión de la Corte Constitucional no nos debería hacer olvidar que el error se ha generado mucho antes. La susodicha filosofa sugiere que la democracia representativa, por más insustituible, es insuficiente: es menester ampliar el contenido democrático a través de ejercicios de democracia directa y otras formas participativas. En este sentido, en 2011 se consideró oportuno interrogar al pueblo ecuatoriano sobre reformas constitucionales concernientes, plazos de la prisión preventiva, medidas cautelares alternativas, disolución del pleno de la Judicatura y su reemplazo temporal, y conformación del nuevo Consejo de la Judicatura. Ahora se considera en cambio que la reelección indefinida del Presidente de la República, un tema de trascendencia indiscutiblemente mucho mayor, no debe pasar por la aprobación popular.
Es una miseria intelectual agarrarse de la sentencia de la Corte Constitucional para concluir que no hace falta un referéndum. Si el Presidente de la República y Alianza PAIS hubiesen optado por ir a consulta popular, la Constitución se lo habría permitido, así como lo permitió para cuestiones menores. El tema es que no se quiso, porque es más fácil aprobar la reforma constitucional a través de dóciles legisladores que consultar un pueblo que demuestra fuertes dudas ante esta iniciativa.