México es la mayor democracia de habla hispana en el mundo, un país que garantiza la libertad de prensa en su Constitución. Sin embargo, también es el país en el que, después de Afganistán y Siria, se asesinó a la mayor cantidad de periodistas en 2018, entre nueve y doce, dependiendo de la fuente.
La primera víctima de este año fue Rafael Murúa, periodista de radio del estado Baja California Sur. Murúa trató en su trabajo temas culturales, pero también de derechos humanos y protección del medio ambiente. Fue encontrado muerto en una zanja el 20 de enero de 2019. Dirigía su propia estación de radio pública. No a todos le gustaron sus reportajes. Murúa recibió amenazas y, por lo tanto, fue incluido en el programa estatal de protección para periodistas y activistas de derechos humanos.
El caso de Murúa ha demostrado una vez más que en México las leyes y los reglamentos no valen nada. Con demasiada frecuencia se aplica la ley del más fuerte, y quién es el más fuerte depende de las circunstancias locales. La situación puede ser más o menos estable, dependiendo del cartel de la droga que se imponga y de si las autoridades locales están cooperando con uno u otro. Solo hay una cosa segura: uno no se puede fiar de nadie, ni siquiera de las fuerzas de seguridad. Este es un diagnóstico devastador para un país democrático.
Los periodistas viven en México bajo la misma inseguridad que el resto de los ciudadanos del país. Con más de 33.000 asesinatos, 2018 fue el año más sangriento de la historia del país. Esa cifra incluye a más de 130 políticos asesinados durante la campaña electoral. La violencia mortífera afecta a todos, no solo a los ricos, la gente famosa, los políticos o los periodistas de investigación. Es precisamente en las zonas rurales donde el peligro es mayor. Y no se trata de una sola organización terrorista o un solo grupo mafioso, sino de muchas facciones en guerra entre sí. (O)