El dicho es antiguo y propio de la sabiduría popular: “Más vale tarde que nunca”. Ahora cabe aplicarlo a la anunciada disposición de la Fiscalía General para reabrir la investigación sobre la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa Martha Bucaram Ortiz y los miembros de la comitiva y tripulantes del fatídico avión despedazado en el aire (pues no hubo estrellamiento alguno), el 24 de Mayo de 1981. Esta versión la sostuvimos no ahora sino hace 31 años, en el primer aniversario del siniestro. Y no lo dijimos en voz baja sino en el libro “Quiénes mataron a Roldós”, lanzado abiertamente al público y prácticamente prohibido de circular por el gobierno derechista de Osvaldo Hurtado Larrea, heredero entonces del Palacio de Carondelet.
Ni los responsables del Ecuador de hoy ni la ciudadanía tenemos el menor derecho de dejar a nuestros hijos y nietos la carga de crímenes monstruosos...La investigación que se efectúe -33 años después del magnicidio- se topará con muchas dificultades, tantas o más de las que enfrentaron las tres comisiones parlamentarias que a lo largo de varios años recibieron montones de documentos y testimonios pero no llegaron a conclusión definitiva alguna. En el ínterin, muchos actores, testigos y pistas han desaparecido, lo que convierte la nueva fiscalización en una enorme cuesta arriba. A favor, sin embargo, hay una circunstancia salvadora: el cambio de época propiciado y liderado por el presidente Rafael Correa, quien, además, sufrió la macabra suerte del intento de su propio magnicidio el 30 de septiembre de 2010. Además, los poderes implicados en el asesinato del presidente Roldós están ahora disminuidos en nuestra patria, como es el caso de la derecha criolla, la CIA y su legión de testaferros. Por otra parte, la masiva recordación de la “Hoguera Bárbara”, que tuvo lugar el año pasado, en el primer centenario del holocausto de Eloy Alfaro y sus tenientes, sensibilizó a todo el pueblo, y particularmente a la joven generación, respecto de que nunca más debe permitirse la impunidad del crimen político en el Ecuador. Porque en este caso la sangre de las víctimas nos desangra y avergüenza a todos.
La causa debe ser reabierta, pero debe marchar con celeridad y paso firme, por encima de todo tipo de temores y compromisos. Ni los responsables del Ecuador de hoy ni la ciudadanía tenemos el menor derecho de dejar a nuestros hijos y nietos la carga de crímenes monstruosos que no supimos descubrir ni castigar a tiempo.
Si en la actual coyuntura, favorable a la reapertura de la investigación, militares, civiles o familiares de las víctimas del caso omiten su contribución al esclarecimiento definitivo y consiguientes sanciones, los hombres y mujeres honrados de este país deberán recoger los nombres de estos antipatriotas, elaborar con ellos una “placa de la infamia” y colocarla en la Plaza de la Independencia, al pie de la estatua de la Libertad, erigida por mandato del presidente Eloy Alfaro.