En cuanto a la reforma institucional, en los aspectos no financieros, se tramitarán proyectos de Ley de Aguas, de Tierras, de Agro, Biodiversidad, Códigos Laboral, de Salud y de Comercio. En la parte financiera está el de deudas de la crisis financiera, Mercado Bursátil y Código Financiero. En este artículo trataremos los cuatro primeros.
Los dos primeros proyectos están relacionados. Tierra sin agua no es productiva. En el caso del recurso hídrico se debe definir el organismo regulador, que dicta las normas, principalmente, para el uso y distribución del agua, fundamentalmente de riego, que interesa a los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas.
En estos temas deberán revisarse los aspectos económicos (costo del agua) y ecológicos. Por otro lado se establecerán las funciones de la autoridad supervisora (sería probablemente la Secretaría del Agua, SENAGUA), que se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas dictadas por el regulador. También debe definirse el papel de las juntas de riego en cuanto a la conservación y uso del agua así como de la infraestructura de riego y drenaje. Adicionalmente debe analizarse la institucionalidad de las juntas de regantes y el papel de las Cooperativas de Agua que existen en la provincia del Azuay.
Adicionalmente debe analizarse la institucionalidad de las juntas de regantes y el papel de las Cooperativas de Agua que existen en Azuay...En cuanto al proyecto de ley de tierras, deben definirse los aspectos de inversiones, producción, acceso y redistribución de la tierra, límites a la tenencia, soberanía alimentaria, impuestos, etc. En cuanto a la tenencia deben definirse los criterios respecto a la función social de la tierra. Este proyecto está relacionado con la reforma agraria, requisito para cambio de la matriz productiva.
El proyecto de ley de Agrobiodiversidad hace referencia a la garantía de la soberanía alimentaria y los métodos de producción agrícola y el impacto de estos sobre la biodiversidad, el uso de semillas (incluidas las transgénicas) y el papel del Estado en estos temas.
La reforma al Código Laboral buscaría su modernización. Entre los principales cambios están los sindicatos sectoriales, que implicaría eliminar los sindicatos por empresas, negociar contratos colectivos por rama de actividad económica y sueldo mínimo por área; se incluiría a los trabajadores informales y los de la artesanía, los operarios y aprendices, que recibirían decimotercero y decimocuarto sueldos; se elimina la jubilación patronal sustituyéndola por una bonificación de terminación de contratos; se regulan las condiciones de las huelgas; se redefinen las condiciones del trabajo eventual y desde casa.
Finalmente, se pagarían mensualmente los décimos sueldos, que serán obligatorios para el sector público y opcional para el sector privado. Estas nuevas disposiciones incidirán en las relaciones entre patrono y trabajadores, pone en igualdad de condiciones a todos los trabajadores y empleados y resta poder sindical.
El pago mensual de los décimos hará que aumente el nivel de actividad en esos períodos, cuyo mayor impacto no se concentraría en el último trimestre.
En suma, la reforma institucional cambiaría las reglas del juego en la agricultura y relaciones laborales en los sectores económicos.