Nunca antes lo habíamos sentido ni percibido así. En los últimos años hemos sido varias las víctimas de este delito “en construcción” jurídica. (No me olvido del comunicado de la Aedep ni las caricaturas de mis “amigos” periodistas, en la última semana de marzo de 2009, cuando me condenaban a la hoguera política por exigir a los periodistas mayor profesionalismo en su labor; tampoco me olvido de las apariciones “espontáneas” de Leonardo Viteri y Fernando Balda en Teleamazonas para recordar mi pasado de hace tres décadas y ahí están registradas las “opiniones” de Janeth Hinostroza en el Twitter.
Todo ello bajo la premisa de cierto cabildeo policial ex febrescorderista para ocultar sus culpas por las decenas de torturas y desapariciones crueles, sin descontar los ajusticiamientos que constan documentadamente en el Informe de la Comisión de la Verdad).
Parecería difícil describirlo y hasta conceptualizarlo, pero es más fácil sentirlo, con todo lo que implica. Sin embargo, ahora resulta que los linchadores han sido las víctimas y que según su lógica el principal linchador es quien hace su rendición de cuentas los sábados.
De entrada advierto que no comparto algunos adjetivos de Rafael Correa Delgado contra ciertos periodistas. Sus reclamos y justas reivindicaciones a veces se desvirtúan por esos adjetivos.
En lo esencial ha hecho uso (desde su condición de político y presidente de la República del Ecuador) de su legítimo derecho a la defensa y a la réplica ante una serie de desinformaciones, adjetivaciones y posturas opositoras desde la prensa, y frente a determinados supuestos analistas.
Por lo pronto, incluso me atrevo a decir con todo el peso político, que los adjetivos de Correa son menores comparados con el daño proferido por el reiterado linchamiento de algunos medios y periodistas, estimulados por algunos actores políticos e intereses económicos.
¿Ya nadie se acuerda que a pocos días de salir el informe de la Comisión de la Verdad varios medios recibieron a ex policías, asambleístas de derecha, “activistas” y supuestos abogados para “destapar” el pasado de los supuestos terroristas? ¿No fueron esos canales, ahora “víctimas”, los que se prestaron para entrevistar a ex jefes de inteligencia que mostraban el riesgo del horror de que ex guerrilleros estuvieran en el gobierno? ¿No fue motivo de explosión informativa la existencia de unos discos duros del comandante de las Farc, Raúl Reyes, donde supuestamente estaban todas las verdades y monstruosidades de los “socios” ecuatorianos? ¿Cuántos análisis y editoriales se escribió sobre eso? ¿Recordamos todos los titulares colocados para insuflar el libreto escrito por determinados cerebros de la “gran inteligencia” policiaca? ¿Sabemos cuántas reuniones “privadas” organizaron ex oficiales con ciertos periodistas con un libro bajo el brazo para explicar el riesgo del terrorismo, comunismo y guerrillerismo ecuatoriano?
Ahora, tras la “exculpación” jurídica a la asambleísta María Augusta Calle desde la justicia colombiana y luego de que ella propusiera la inclusión, como delito, del llamado linchamiento mediático, ocurre que los linchadores han pasado a ser las víctimas del “correísmo”. Y suponen que de incluirse esa figura en alguna normativa el principal implicado debería ser Rafael Correa.
En el mundo, no solo en Ecuador, hay demasiados ejemplos del linchamiento mediático. Quizá el más significativo fue el ocurrido contra el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn y su mujer, la periodista Anne Sinclair. Ellos fueron ante la Justicia “para acabar con cualquier ataque a su vida privada y defender el secreto de instrucción y su presunción de inocencia”, ante la arremetida de los medios. Y hay otros muchos más.
En Ecuador, Sandra Correa, ex ministra de Educación del régimen de Abdalá Bucaram, ha levantado “solita” una campaña porque demanda ser víctima de acoso mediático, una figura muy ligada al concepto de linchamiento. Su caso ha sido motivo de análisis en foros internacionales y en España ha recibido mucha acogida como un argumento para la definición jurídica de ese delito.
Y no todo esto se puede reducir a un asunto privativo de la Ley de Comunicación. Es importante tenerlo presente en ese cuerpo jurídico, pero va más allá.
La propuesta debe motivar la generación de las mayores y mejores reflexiones para definir los alcances de este tema, de modo que proteja a la ciudadanía, garantice y posibilite un trabajo ético y profesional de los medios y los periodistas.
El poder de la prensa es enorme, aquí y en el resto del planeta. Y por lo mismo debe tener límites y regulaciones muy bien definidas para garantizar una comunicación democrática y a favor de la ciudadanía y no de los dueños de los medios.
Y si eso lleva a que los linchadores se declaren víctimas, que apoyen la ley y se defiendan en derecho.