Qué vergüenza que un empleado de un diario local, a nombre de la otrora gloriosa UNP, invoque la libertad de expresión, ni siquiera la de él, sino la de su empresa, en lugar de preocuparse de temas del gremio: defensa profesional del periodista, salarios justos, estabilidad, respeto y menos sumisión en el trabajo cotidiano. Induce lástima que en nuestro país, políticos profesionales y otros, recientemente incorporados, sin vocación de dirigente y huérfanos de principios, adopten la libertad de expresión como afiche de propaganda electoral, a manera de adulo, para conseguir de los dueños de empresas periodísticas espacios publicitarios gratuitos, en la promoción de calculadas candidaturas.
Otros tres periodistas que suponen que la libertad de expresión es licencia para injuriar al prójimo, hoy denunciados según datos difundidos por la organización WikiLeaks, como informantes a la embajada de EE.UU. en Quito, deberían rendir una explicación argumentada respecto de ese comportamiento irregular; más bien, muy propio de los hombres atrapados en sus fechorías, lanzan epítetos contra el Primer Mandatario. Les recordamos el pensamiento de Claude A. Helvetius: “Los hombres están siempre contra la razón cuando la razón está contra ellos”. Y otro, de José Pedroni: “Los malos no son otra cosa que inválidos de espíritu”.
Los medios “independientes” han perdido espacio y su poder se extingue, paulatinamente. Todas las estrategias y campañas absurdas no han funcionado. Su grito de que la libertad de expresión está en peligro de muerte ya no se escucha, si todos los días circulan periódicos, sin ser observados, con noticias carentes de objetividad, dimensionadas y ocultando obras del Gobierno; de otro lado, canales de televisión, ofendiendo al periodismo serio, transparente y equilibrado.
Lo cierto es que el periodismo “independiente” seguirá perdiendo credibilidad, mientras insista en ofender a gobernantes, formar escándalos de hechos intrascendentes y promover la insurgencia. Los asambleístas de oposición, en su angustia por ser tomados en cuenta por los medios privados, aún pretenden, inútilmente, bloquear el proceso para la aprobación definitiva de la Ley de Comunicación. No olvidarse que el privilegio de los medios impresos, radio y televisión, de informar y diseñar opinión pública, no excluye el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada, contextualizada y sin censura previa.
El adulo de los asambleístas de oposición no funcionó. La Ley de Medios asegura un periodismo serio al servicio de los ecuatorianos. Su promulgación es urgencia histórica.