Se promulgó el 10 de octubre de 2009 siguiendo los procedimientos que establece la Constitución de la hermana República Argentina; es decir, fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado. También es conocida como Ley 26.522 y fue reglamentada por la presidenta Cristina Fernández mediante Decreto 1225 del 31 de agosto de 2010.
Esta ley ha causado gran preocupación en los oligopolios mediáticos argentinos. Por esta razón, están utilizando toda clase de artificios jurídicos para dilatar su plena ejecución. El artículo 45 regula la cantidad de licencias. La puesta en vigencia de este artículo, por ejemplo, reduciría de 237 a 24 las licencias a nivel nacional que serían concedidas a Clarín. El artículo 161 dio un año de plazo a los licenciatarios para cumplir con la desinversión, a partir de que se establecieran los mecanismos de transición.
El grupo Clarín solicitó ante un juez de primera instancia se declare la inconstitucionalidad del artículo 161. El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció fecha de caducidad para las medidas cautelares presentadas por Clarín. “A partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley 26.522”, sentenció el máximo tribunal de justicia argentino.
Sin embargo, las “acrobacias jurídicas” continuaron y el día 6 de diciembre de 2012, ¡qué casualidad!, dos jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal amplían nuevamente el plazo para la plena aplicación de la ley 26.522, “hasta que haya sentencia de primera instancia”. Esta resolución la firman María Najurieta y Francisco de las Carreras. El otro miembro del Tribunal se encontraba de vacaciones.
El asunto de fondo es que el círculo del poder fáctico continúa funcionando en Argentina: las élites agroexportadoras, el sector financiero, los medios de comunicación privados. Esta trilogía se resiste a perder el control mediático. Es conocido que varios medios privados argentinos mercantilizan la palabra para defender los intereses de unos pocos. Se presentan –eso sí– como “prensa libre”.
En un acto que contó con la presencia de miles de argentinos/as que colmaron la Plaza de Mayo el domingo 9 de diciembre de 2012, la presidenta Cristina habló claro: “Quiero una democracia plena y profunda, sin privilegios de sectores minoritarios, ese poder económico concentrado que en una etapa se sirvió de los militares, porque eran golpes cívico-militares, hay que decirlo de una vez por todas”.
La presidenta también advirtió que a esos sectores, “cuando les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para tumbar a un gobierno”.
El pueblo argentino va a lograr –más temprano que tarde– deshacerse también del cuadro de la dictadura mediática privada.