La oligarquía, representada por la derecha partidaria en el trayecto de la era republicana, ha mantenido alianza con los medios de comunicación “independientes”, prensa, radio y televisión, para asegurar y consolidar su poder económico y político. El periodismo comercial ha manejado con astucia el sistema informativo y de opinión para confundir y distraer a la ciudadanía, mientras obtenía utilidades de sus ocultos negocios. Hoy, con la vigencia de la Ley de Comunicación, se instaura una nueva prensa, auténtica y vertical, llamada por la historia a difundir la verdad de los hechos y a orientar con honestidad a los ecuatorianos en los problemas que aún los aquejan en la búsqueda de soluciones.
La libertad de expresión dejó de ser pretexto para disimular la relación medios con la actividad comercial-financiera y sus grandes lucros. Ese eslogan cansino, que se limitaba a los derechos de los propietarios de los medios periodísticos, hoy, en el amanecer del cambio, se extiende a la ciudadanía y a los periodistas profesionales, que eran presionados a mentir y someterse obedientes a defender los intereses de los dueños del negocio por un mísero sueldo. Se avizora la liberación de los empleados dóciles llamados a obedecer, aun contra sus principios, por temor a perder sus cargos.
La campaña contra la vigencia de la Ley de Medios no cesa, se torna pertinaz, agresiva, pero sin sentido. Ya no les queda sitio para seguir vociferando, en nombre de la libertad de expresión, en los casos que les conviene, y otros guardan silencio, al comprometerse los intereses de los dueños del negocio.
Quienes han transitado por las redacciones de los medios “independientes” conocen casos de columnistas que abandonaron sus espacios al no aceptar la censura y de cuantas noticias y reportajes fueron arrojados al cesto del olvido cuando afectaban a los intereses de los amigos o aliados. ¿De qué libertad de expresión hablan sus defensores? En la nueva Ley de Medios no se atenta contra la investigación seria, testimonial y documentada, no hay censura previa, pero sí responsabilidad ulterior. La actividad periodística, como cualquier otra profesión, se debe sujetar a regulaciones y referentes acordes con la ética dentro del convivir en democracia.
En lo fundamental, los medios comerciales comprenden, pero se resisten a aceptar que con la Ley Orgánica de Comunicación, para difundir información y opiniones, deberán considerar como mínimas normas: “1. Referidos a la dignidad humana; a. Respetar la honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y c. Respetar la intimidad personal y familiar”.
Ha llegado el crucial momento histórico de que los medios y periodistas desarrollen sus actividades enmarcados en la ley como garantía de su responsabilidad social. Entiendan que el periodismo no es poder, es un servicio a la colectividad. Nadie está libre de someterse a la justicia cuando incurre en delito. La ley es igual para todos y debe ser, sin subterfugio, religiosamente respetada.