Los miembros del Partido Mediático Mercantil de Argentina (PMMA, por sus siglas en español) y sus acólitos están sorprendidos. Están aturdidos, frustrados. La Corte Suprema de Justicia –en un fallo histórico– avaló la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que había sido cuestionada por el Grupo Clarín, el principal opositor al gobierno de Cristina Fernández.
Durante 22 años, universidades, profesionales, periodistas, sindicatos, movimientos sociales, intelectuales, movimientos humanitarios, debatieron sobre lo que sería el proyecto que finalmente fue presentado por la presidenta Fernández en agosto de 2009 al Congreso. Desde luego, allí también hubo debates y aportes. Las dos cámaras aprobaron la ley el 10 de octubre de 2009.
El Grupo Clarín interpuso una medida cautelar el 26 de octubre de ese mismo año y, desde entonces, se libraron muchas batallas entre un pueblo en recuperación de derechos y un grupo mediático con poder económico y político, que constituía uno de los ejes del verdadero poder. Este grupo privado no dudó en respaldar a las dictaduras de turno; tampoco dudó en brindar apoyo a los genocidas.
Desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al gobierno en 2003, Clarín se convirtió en la jefatura de la oposición y no dejó de ejercer este papel hasta la presente fecha.
La presidenta Fernández debió enfrentar una verdadera guerra, declarada por Clarín, que es propietario de 237 canales de cable, periódicos, radios, canales abiertos, que han monopolizado la información en Argentina.
La Corte Suprema dio por terminada esta injusta situación, luego de 4 años de argucias utilizadas por el mayor grupo mediático argentino
Después de un sinuoso camino donde solo se podía aplicar mínimamente la ley, porque era continuamente saboteada por maniobras de todo tipo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por el Gobierno para aplicar la norma, logró que se presentaran en 2012 los proyectos de desinversión por parte del resto de grupos mediáticos.
Desde luego, solo Clarín resistía el cumplimiento de la medida. Finalmente, la Corte Suprema dio por terminada esta injusta situación, luego de cuatro años de argucias utilizadas por el mayor grupo mediático argentino. La LSCA ha sido considerada por funcionarios de la Unesco como “un modelo de democratización informativa, que al fin podrá enfrentar no solo la desinformación –que afecta la conciencia de los pueblos–, sino también los programas de entretenimiento que actualmente constituyen una de las herramientas mejor concebidas para degradar a nuestras sociedades”.
En efecto, numerosos “programas de entretenimiento” que transmiten la mayoría de medios privados son armas de destrucción masiva de cultura e identidad.
Cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema fallaron a favor de la validez constitucional de toda la ley. Ellos son: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi. A estos jueces probos la historia los colocará en el lugar que se merecen.
La plena vigencia de la LSCA es un nuevo triunfo del pueblo argentino, de su Gobierno, de la justicia.