Muchos lo sabemos desde el inicio. Las jugadas del pulpo mediático Clarín contra la ley de servicios audivisuales en Argentina han sido solo dilatorias. Exitosas a su manera, pues una ley votada con amplísima mayoría en ambas cámaras legislativas (cuando el partido gobernante no tenía mayoría propia en ninguna de ellas), fue parcialmente suspendida en su vigencia durante el enorme período de 3 años. Pero esas medidas judiciales no tocaban el tema de fondo. Sobre el mismo, ya la Suprema Corte de Justicia argentina se expidió en el mes de mayo último, señalando que la cuestión de libertad de expresión en este caso no es afectada; se trata solo de una cuestión de patrimonio.
Y la revocación de licencias por exceso de concentración de las mismas fue la decisión libérrima de los legisladores, a la vez que contempla el interés público mayoritario y no entra en contradicción con la Constitución Nacional.
En ese sentido, si alguien creyó que el fallo del juez Alfonso -emitido la semana anterior- es apenas un “alivio” para el Gobierno, entiende muy escasamente la cuestión. Todo lo sucedido anteriormente en el plano jurídico sobre esta ley no tiene la menor importancia, pues eran solo medidas dilatorias. Este es el primer fallo sobre el tema de fondo, con sentencia firme. Y en él coincidieron el fiscal con el juez, dictaminando ambos en favor de la ley, y dejando con casi nulas chances de reversión judicial a quienes tozudamente se oponen a la misma, ubicándose permanentemente en el borde de la legalidad.
Solo quien nada entienda puede creer que el del juez Alfonso ha sido un fallo más, apenas uno dentro de un pretendido laberinto judicial. Para nada es así. Se trata del fallo que define la cuestión de fondo, del primer y único fallo en ese sentido dictado hasta ahora. Es el comienzo del fin de la cuestión judicial en torno a la ley, cuestión que en poco tiempo más llegará a la Corte Suprema para que se emita veredicto definitivo.
Por supuesto que después vendrán los plazos administrativos, las aplicaciones del fallo, las nuevas movidas que el oligopolio mediático pueda ensayar. Pero ya se acabó la interminable espera judicial que había logrado establecer, y terminó, con ello, la legitimidad social que algunos podían adscribir al grupo que se opone a cumplir con la ley a partir de sus intereses pecuniarios.
Ya es una batalla de difícil reversión. Y la población está cansada del asunto. A esta altura, la renuencia del grupo a cumplir con la ley molesta a un sector importante de la ciudadanía, que está harta del tema y de sus vaivenes. Es el comienzo del cierre del asunto, es el triunfo de la legalidad y de la democracia por sobre los intereses particulares de un sector de propietarios altamente concentrado y acostumbrado al ejercicio de su poder.