La Asamblea aprobó con el 80% de los votos la Ley de Comunicación; por cierto, que algunos de PK se sumaron a la oposición oligárquica, que histriónicamente exhibió mordazas, que el pueblo aspira a que las mantenga cada vez que vayan a oponerse a leyes en su beneficio.
Esta ley democrática, tan necesaria, garantiza el derecho de las personas a informarse oportunamente, con veracidad y en forma integral; que todos expresen libremente sus opiniones con responsabilidad; define la comunicación social como servicio público, que deberá ser prestado, respetando los derechos constitucionales, instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.
Con esta ley no habrá manipulación y se acabarán los oligopolios y monopolios; la mañosería en la distribución de las frecuencias de radio y TV abiertas que otorga el Estado, pues este, el sector privado y las comunidades las tendrán equitativamente. En los tiempos de la partidocracia ni se soñaba con esto. Todo era para las trincas, en el reparto de los bienes y espacios públicos.
La ley crea el Consejo de Regulación y la Superintendencia, que evitarán el mal uso de los medios, la desinformación, el retaceo, la distorsión de la verdad, el “linchamiento” mediático; responde al pueblo que en la consulta del 7 de mayo de 2011 dispuso normar los programas con contenidos explícitamente sexuales, violentos y discriminatorios, a fin de preservar valores y conductas de nuestros niños y jóvenes, expuestos a la voracidad mercantil y morbosa de ciertos medios.
La ley se aprueba con un retraso de 3 años, pues el plazo establecido en la Constitución aprobada por el pueblo en octubre de 2008 fue de 360 días. Ha sido ampliamente debatida y su proyecto dio lugar a que la oligarquía reaccionara histérica, difamara, mintiera y hasta conspirara, utilizando columnistas, consejeros y dirigentes de gremios controlados; buscando apoyo internacional de propietarios y compinches, como los de la SIP, CNN, Vargas Llosa, Montaner, campeón de la gusanería cubana en Miami; y diversas ONG con financiamiento gringo.
Los propietarios de grandes medios y sus voceros, muchos empleados, disfrazados de periodistas, emprendieron una campaña jamás vista, de largos años, entrevistaron hasta la saciedad a enemigos del Gobierno, incluidos “izquierdistas” y “demócratas” que se sometieron con el cuento de defender la “libertad de expresión”, que irrespetaron el derecho a la información veraz que jamás practicaron, ya que siempre el ejercicio de su información fue con fines lucrativos. Bien se ha dicho: prensa mercantilista.
Y siguen los pronunciamientos dentro y fuera del país, amenazas, epítetos y calumnias de la prensa “libre” y el periodismo “independiente”. Jamás han sido ni lo uno ni lo otro, siempre han estado con la oligarquía y el statu quo de opresión, explotación, oprobio, venta de soberanía y subordinación al imperio que ayudaron a construir. Su lucha fue por sus bolsillos, por el dinero.
El pueblo defenderá esta ley, para el ejercicio de la verdadera libertad de expresión y comunicación pública.