Los dueños o accionistas de los medios “independientes”, sus empleados, exasambleístas derrotados y los restos de la extinta partidocracia, ahora sí, entienden que la información es un derecho ciudadano, aunque le asignan la prestación de servicio público a las empresas y organizaciones públicas y comunitarias. Como se insiste en la distorsión, es preciso recordar que los medios de comunicación, en general, deben cumplir fines patrióticos, difundir la verdad completa, orientar en valores y educar de preferencia. Los medios particulares y públicos solo se diferencian en que los primeros funcionan con el desmedido afán de lucro, y los segundos, simplemente, no.
Como el tratamiento final, aprobación y expedición de la Ley de Comunicación, es un hecho irreversible, los opositores, desesperadamente, invocan al diálogo, análisis y promueven sus llamados aportes democráticos, cuando ya han transcurrido más de 4 años de debate y de agresión al presidente Rafael Correa, a quien tildaban de insultador, fascista, dictador y que con el proyecto de Ley de Medios la libertad de expresión se exponía a un peligro de muerte.
Paulatinamente se va recuperando la objetividad y equilibrio en el tratamiento de las noticias en los medios comerciales, aunque todavía silencian y ocultan acontecimientos que en cierto modo afectan sus intereses y los de sus aliados. Los articulistas, a pocos días de la aprobación de la nueva ley, y simplemente, por temor a la aplicación de la justicia, cambian de estilo, refinan su léxico y miden sus expresiones para no descender en el precipicio de la injuria y la calumnia. No se alejan de la línea de los propietarios del negocio de la comunicación, adornan el abuso del poder mediático, se comportan con cautela en el análisis de los temas y simulan respetar el criterio y honra de los demás.
La Asamblea Nacional, con mayoría de Alianza PAIS, aprobará la Ley de Comunicación, porque es un mandato del pueblo y de inmediato se convertirá en un documento histórico, garante de un periodismo idóneo y vertical y del sometimiento de los comunicadores a normas reguladoras de la conducta y responsabilidad social. La libertad de expresión ya no será solo privilegio de los medios impresos, radio y televisión, sino un derecho de hombres y mujeres a exigir informaciones veraces y con verticalidad en el manejo de los temas de opinión.
La integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación responde a un proceso democrático y sus atribuciones no atentan contra el libre ejercicio profesional, más bien se establecen normas que sirven de protección a los ciudadanos en caso de agresión con notas indebidas y sin sustento. Se debilita el poder mediático con sus gremios nacionales y organismos foráneos, al concederse a las comunidades la facultad de fundar medios de comunicación sin dependencia patronal. Con la nueva ley se obliga a los articulistas de los medios comerciales a dejar de confundir injuria con opinión. No hay censura previa, pero eso sí, están llamados a asumir su responsabilidad ulterior, ante el imperio de la justicia.