Un medio de comunicación es algo más que una empresa y no constituye un gran negocio, excepto por el formidable poder que puede alcanzar en una sociedad. Un poder para informar, orientar y entretener. Para fiscalizar los actos de autoridad, denunciar las injusticias y buscar la verdad. Este poder se ha incrementado en la “sociedad de la información”, en donde la comunicación es instantánea y lo que sucede en remotos lugares del mundo es posible presenciarlo en tiempo real.
En función de ese rol social que cumple la prensa, es del mayor interés de la sociedad asegurar una amplia libertad de expresión, no solo a los medios y sus periodistas sino a sus fuentes, así como el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Sin embargo, el fenómeno de la globalización y la concentración de la propiedad de los medios, así como el influjo de los poderes fácticos de diversa naturaleza, pueden constituir en un riesgo para el ejercicio de esos derechos. Así como no existe verdadera libertad de expresión sin una pluralidad de medios y fuentes que puedan expresarse, no está garantizado el correcto funcionamiento de la base material de esta libertad sin un adecuado marco de conducta ética de la prensa.
Sin que el Estado y la sociedad deban renunciar a su derecho de establecer un mínimo de normas regulatorias de la actividad periodística, orientadas a garantizar el bien común, el camino más eficiente para dotar a los medios de un marco explícito de conducta que constituya un deber para sus editores y un derecho exigible para la opinión pública está en las medidas de autorregulación contenidas en códigos de ética profesional.
Más que sus ganancias, la tecnología o su capital social, los activos más importantes de un medio de comunicación son la credibilidad, la objetividad, la imparcialidad, el pluralismo y la búsqueda de la verdad, que constituyen la base de su propia legitimidad.
Concluyo refiriéndome brevemente a la difusión por parte de un medio de prensa, de mi artículo de opinión publicado por este diario unos días antes de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, titulado “La cofradía negativa”, argumentando que violó la veda electoral, debido a que presuntamente incitaba a votar Sí en 4 preguntas. Me corresponde recordar, por respeto a los apreciados lectores de este prestigioso medio, que en dicho artículo yo manifestaba mi asombro por la extraña hermandad entre la derecha y la izquierda infantil en oposición a las reformas que planteaba el referéndum, señalando: “que nadie que pretenda llamarse de izquierda podría estar en contra de un ente regulador de la prensa, oponerse a la penalización para los empresarios que no afilien a sus trabajadores al IESS, tampoco al enriquecimiento privado ilegal ni a la transformación de la entonces oprobiosa administración de justicia”. Tan solo era una crítica a la seudoizquierda.
Yo sí tengo códigos de ética, revisen los suyos señores.