En la actualidad, el tema de la lucha contra las drogas está en la palestra por su real dimensión. Los que están a favor de la legalización señalan que los gobiernos obtienen mayores controles sobre el mercado de estupefacientes al poder regular y gravar la producción y venta de estos, como ocurre con el tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas permitiría a los gobiernos brindar tratamiento a los adictos. Al igual que con la despenalización, la legalización permitiría enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de los toxicómanos; y tratarlos como enfermos ahuyentaría en gran medida a los criminales del negocio de los narcóticos, disminuyendo la violencia, el crimen y la corrupción asociados con su prohibición.
Quienes no están de acuerdo con su despenalización propugnan que aupar su lícito consumo tendría consecuencias nefastas en la sociedad, a saber: 1) Se consolidará el mercado de consumo abastecido por los narcotraficantes, solo que se incrementaría, pues todos tendrán derecho a consumir sus drogas para beneficio de los laboratorios que las fabriquen y de los gobiernos que recibirían los impuestos que el negocio clandestino no aporta; 2) El gasto público en materia de salud preventiva y de rehabilitación será enorme, al punto que el Estado no estaría en condiciones de afrontarlo; 3) Instituciones como la familia y la comunidad sufrirían mutaciones impensables, pues lentamente regresaremos a la ley de la jungla y a Estados policía para contener la violencia; y 4) La realidad desplazaría a la ficción, debido a que la diferenciación entre los que tienen y los que no tienen será superada por los que proveen y los que consumen.
A propósito de este análisis, cabe acotar que los medios de comunicación han puesto toda su atención sobre la violencia en México; sin embargo, el problema principal está en toda nuestra región. Casi por razones aritméticas, México terminará controlando la violencia derivada del tráfico de drogas. El poder dañino del comercio de estupefacientes es directamente proporcional al tamaño de la economía de los países.
En 2008 ingresaron a México unos $ 14 mil millones, de los cuales $ 4 mil millones corresponden al turismo. Si suponemos que los otros $ 10 mil millones corresponden al narcolavado y los comparamos con el trillón de dólares del PIB de ese país, concluimos que, para esta nación, el lavado de activos es marginal.
Al especular con los montos de la economía de la droga y su impacto sobre los Estados de nuestra región resulta obvio que estos no pueden resolver solos el problema de la violencia que los volverá inviables. En nuestras naciones el narcodinero es suficiente para construir poderes fácticos que dominen territorios y poblaciones, sustituyendo al Estado. Allí cualquier capo con unos cientos de millones de dólares puede comprar o poner de rodillas a las autoridades públicas, privadas y a la sociedad civil.