Nuestros países pusieron las cosas en su lugar en el caso Assange: exigieron que Gran Bretaña se desdijera de su amenaza de ocupar la embajada ecuatoriana por la fuerza. Que respetara la Convención de Viena y el principio universalmente reconocido del asilo. Finalmente primó la prudencia, que no surgió espontánea de la voluntad del Gobierno inglés, sino como fruto de una enérgica reacción diplomática por la que toda Latinoamérica se puso al lado del presidente Correa.
Los que vemos esta pugna desde fuera del Ecuador, apenas podemos entender el torpe ruido mediático que cierta oposición hace allí sobre este tema. Está en juego una cuestión mayor, de orden planetario y decisión hemisférica; de modo que la mirada doméstica, que todo lo reduce a estar a favor o en contra del Presidente, está totalmente por debajo de la línea de flotación en que se sostiene la cuestión.
Aquí el continente está con Correa, y no porque todos coincidan políticamente con él; sí porque su gobierno tiene plena razón en este caso, y porque su decisión se atiene a reglas reconocidas y consolidadas del derecho internacional.
Lo que se juega ahora todavía es importante. Una dictadura feroz como la de Videla no se atrevió a atacar una embajada extranjera (en ese caso la de México, donde se refugiaban el ex presidente Cámpora y el dirigente Abal Medina); pero sí se negó a otorgar el salvoconducto que corresponde.
De tal manera, si bien no atentó mayormente contra la seguridad de los refugiados en la embajada -aunque hubo algún incidente al respecto-, sí mantuvo a los asilados en una especie de cárcel, en aquel caso durante la enormidad temporal de casi seis años.
El derecho al asilo implica la total seguridad de que, desde fuera, no se atentará contra la condición de Assange dentro de la embajada ecuatoriana: es algo que se tendrá que garantizar a rajatabla, pues cualquier irregularidad al respecto sería de consecuencias diplomáticas y geopolíticas imprevisibles.
Pero a la vez, falta aún el procedimiento de otorgar el salvoconducto que permita a Assange abandonar territorio de la isla británica. Esto exige de Gran Bretaña cumplimentar a pleno las consecuencias de su afirmación de que respetará las condiciones de asilado que Ecuador ha otorgado al fundador de WikiLeaks.
Ojalá esto se cumplimente, dentro del conjunto de garantías que los procedimientos habituales de asilo establecen, y que han servido a salvaguardar muchísimas vidas en las últimas décadas, vidas de personas con creencias, etnias, nacionalidades e ideologías muy diversas y variadas.