Sí, vergüenzas por hacer del derecho al asilo un ejercicio de poco criterio, de escaso sentido común, irracionalidad, antidemocrático, pero sobre todo poco criterio ético. Nadie cuestiona que los estados latinoamericanos tienen el derecho a admitir bajo ejercicio de soberanía a cualquier persona en su territorio; y así está acordado en el Asilo Territorial desde 1954.
Pero ese derecho de soberanía no es ejercicio de decidir por encima de los hechos objetivos que recubre a cada caso. Por eso el derecho al ejercicio soberano radica en un principio de racionalidad, de examinar a profundidad cada caso y así otorgar o no el asilo.
Pero parece que la tradición de asilo para el Gobierno panameño es un ejercicio de tradición inventada, es decir, de hacer de un pasado cercano al que se le agrega todo tipo de antecedentes y principios para una inventada legitimidad que da argumento a una decisión que contraría todos los hechos y peor aún tratando de argumentar que la decisión “(…) puede ser una medida que coadyuve con los requerimientos de respeto a los Derechos Humanos y de estabilidad social y política en la región (…)” (Gaceta Oficial Digital, viernes 25 de octubre de 2013).
¿Quién puede entender en su sano juicio que a alguien que fue sentenciado en septiembre de 2013 a diez años de reclusión por complicidad en el asesinato de tres personas de una familia, se le haya otorgado asilo? ¿Otorgándole el mismo a tal personaje es que se puede contribuir a la estabilidad social y política en la región? La racionalidad no encuentra un mínimo de posibilidad lógica en que el uso del asilo bajo estos argumentos contribuya a fortalecer los derechos humanos; habrá que preguntar qué piensan los familiares de las víctimas, si con este gesto del gobierno panameño, sus derechos humanos se fortalecen y si así se contribuye a la justicia social que la región requiere o si así la estabilidad política de América Latina se consolida.
En el mismo sentido habrá que reflexionar, -si Panamá que firmó en 1969 y ratificó en 1978 la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en el art-22 y siguientes dice que en ningún caso un extranjero puede ser expulsado de un país cuando el derecho a la vida está en peligro por causas de raza, nacionalidad, condición social o política- :¿Cómo fue posible que coadyuvara a la tortura y asesinato de Arturo Jarrín Jarrín, quien fue asesinado en Quito, el 27 de octubre de 1986, cuando él en el Cuartel de la Guardia Nacional de Panamá (desde 1997 Policía Nacional) exigió que no se lo entregara a la policía ecuatoriana porque lo asesinarían? Asesinado por luchar contra la dictadura civil del socialcristianismo más déspota que ha vivido el Ecuador… ¿Qué decir del asilo a un ex presidente que ha sido una vergüenza nacional; que hizo de la muerte del presidente Jaime Roldós su festín para encumbrarse en el poder del Estado? No cabe duda de que el neoliberalismo aún persiste en sus formas más absurdas de mercantilizar la democracia.