Alianza PAIS, en su programa de gobierno planteado al pueblo en la campaña electoral, incorpora dos aspectos importantes, las revoluciones agraria y urbana.
Las dos se corresponden y guardan estrecha relación con los problemas que han afectado históricamente a las mayorías en el campo y la ciudad y al desarrollo del país. En efecto, la concentración de la tierra, la baja productividad, la marginación al campesino y el atraso rural generan condiciones de vida deprimentes y expulsan masivamente población hacia las ciudades que cuentan con ciertos factores de atracción, pero que al no tener condiciones económicas adecuadas para absorberla, generan desempleo abierto, marginalidad, subempleo, delincuencia, inseguridad y provoca desarrollo urbano anárquico.
La propuesta es acogida por las masas campesinas y el pueblo ecuatoriano que desde mucho tiempo atrás ha venido luchando por la reforma agraria. Es el caso de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Ricardo Paredes; la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FTAL), de Luis Castro Villamar y Neptalí Pacheco León, entre tantos combatientes, muchos de los cuales fueron asesinados, torturados o encarcelados por los terratenientes y la complicidad de gobiernos corruptos a su servicio.
El gobierno de Rafael Correa, en consecuencia con los objetivos de la Revolución Ciudadana, se ha comprometido con el país a profundizar la revolución en el campo, consolidar la seguridad y soberanía alimentaria, avanzar en la redistribución de la tierra y la productividad en el agro, especialmente en las pequeñas y medianas unidades agropecuarias, relanzar la política de crédito del BNF, fortalecer el apoyo técnico y la comercialización con sistemas de almacenamiento y política de precios justa; capacitar, mejorar el seguro agrícola universal para pequeños y medianos productores. En suma, más tierras, con apoyo técnico y financiero para quienes la trabajen. Esto irá paralelo con la Revolución Ecológica que apunta a un Ecuador más verde.
Este propósito merece el apoyo decidido y organizado de las organizaciones campesinas y de agricultores. La Conaie, Fenacle y Fenocin las reclaman y apoyarán.
Con la Reforma Urbana, crear leyes, definir políticas, programas y proyectos para una acción municipal que sirva a los más pobres, dotándoles de servicios básicos e infraestructura adecuada; no es posible mantener modelos de gestión municipal excluyentes, que favorecen a sectores altos y orientan recursos para obras de relumbrón, en desmedro del agua potable, alcantarillado, salud, saneamiento ambiental, sana recreación, transporte, pavimentación, etc., en beneficio de los sectores populares y medios. Peor si a esto se suma persecución y represión a trabajadores autónomos, vendedores ambulantes y despotismo municipal.
Los barrios pobres tienen que ser atendidos. Las masas deben acceder a vivienda digna, salud y educación básica. La obra pública y acción municipal deben estar a su servicio, por ello, la acción emprendida por el Gobierno debe multiplicarse.
Debe cesar el caos urbano, acaparamiento, especulación y tráfico de tierras. A defender estas propuestas y supervisar su aplicación integral, oportuna y eficiente con la participación popular.