Controvertido y complejo tema de acuciante actualidad: ¿protesta criminal o criminalización de la protesta? Para ser analizado objetivamente, rechazando posiciones emotivas y politizadas.
Escribo motivado por las multitudinarias protestas en Colombia, que iniciaron los caficultores, cuyas cosechas cayeron de 11 millones de sacos a 8, y el precio de venta del grano bajó 40% en el último año.
Ante legislaciones penales obsoletas, es urgente establecer un protocolo para las protestas, que sea resultado de diálogos entre Gobierno, opositores y representantes de la sociedad civil, en busca de la salvaguarda tanto del derecho ciudadano a la protesta, como del Bien Común.
En cuanto a las responsabilidades gubernamentales, está ante todo la de prevención y anticipación, para que legítimas quejas ciudadanas no tengan que resolverse con paros.
En el caso de la protesta de los cafeteros, como lo recordó el opositor senador Jorge Enrique Robledo, desde agosto de 2012, Dignidad Cafetera (la organización gremial de los huelguistas) llenó la Plaza de Bolívar de Manizales con 30 mil manifestantes de todo el país que aprobaron una carta con peticiones al presidente Santos, que quedó sin respuesta. En octubre se concentraron en varios departamentos. En noviembre, protestaron en Bogotá y ese día publicaron un aviso en El Tiempo con sus reclamos en el que advertían que los estaban obligando a ir hacia un paro. Pero el alto gobierno solo se dignó a reunirse con ellos 48 horas antes de la hora cero. A los opositores, a su vez, les corresponde afirmar sus derechos a la protesta por la vía del diálogo, pero si éste no es posible, el Protocolo debería defender su derecho a hacerse sentir pacíficamente en las calles, aunque controlando y haciéndose responsables de la infiltración de saboteadores, tirapiedras, vándalos, y violadores del Bien Común.
Obviamente, durante el paro cafetero fue criminal haber impedido el paso a una ambulancia. Se disparó contra el chofer que insistía en proseguir, informando que llevaba una paciente parturiente. Ésta murió por la demora. Aquí no cabe el estribillo criminalización de la protesta.
¿Por qué no recurrir a medidas creativas, imaginativas, para hacerse sentir? En otra ocasión, una serenata con mariachis al alcalde de Cali fue más efectiva que un paro violento. La sociedad civil, por su parte, tiene que solidarizarse con los justos reclamos, pero puede acogerse al derecho de no permanecer indiferente ante la paralización del país, así tenga que salir también a las calles.