El artículo 87 de nuestra Constitución establece el derecho que tenemos los ecuatorianos para solicitar y recibir del Estado a través de los jueces competentes, medidas cautelares con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.
Si un inquilino, por ejemplo, es víctima de la prepotencia e intimidación del arrendador para que desocupe un inmueble contra su voluntad, puede y debe acudir a la justicia constitucional pidiendo una medida cautelar que proteja su derecho de habitación. Lo mismo si alguien embaraza el legal disfrute de su derecho de propiedad, usted está en el pleno derecho de solicitarlas. Para eso son las medidas cautelares de protección de derechos constitucionales.
Pero que invoque medidas cautelares el gran evasor de impuestos, además con el agravante de que en 2008 se opuso con toda la fuerza de su prepotencia económica a la aprobación plebiscitaria de la actual Carta Magna, pretendiendo constituir la evasión de tributos en un derecho a su favor, resulta grotesco y desafiante a la razón y a la lógica. A más de uno causaría hilaridad si no fuera porque este antojado busca con tantas triquiñuelas evitar el pago al fisco, por ahora, de casi cien millones de dólares en impuestos consolidados y reconocidos en última y definitiva instancia por todos los jueces que conocieron y resolvieron el largo y tortuoso proceso de apelaciones y casi infinitas impugnaciones.
Que sus torcidas y antiéticas intenciones evasoras quedaran allí, no afectaría al bien común ni a la paciencia nacional. Lo terrible es que un juez de derecho, investido de la potestad para administrar justicia, aceptó la solicitud y le concedió las medidas cautelares, para que simple y llanamente no pague impuestos. ¡Increíble!, ¿verdad? Lo de fondo es que aún quedan rezagos en la Función Judicial de aquella grotesca y fraudulenta caricatura de togados venales, testaferros de los que se creían “dueños del país”. Llamar “juez” a esa calaña de sujetos incondicionales del dinero y de las órdenes de sus amos partidocráticos es ofender a la ética y a la moral pública. Y esa es la clase de “justicia” que añoran quienes repudian las reformas en marcha que han implantado a los méritos, al conocimiento y a la probidad como requisitos indispensables para ejercer una judicatura.
Y no es un cualquiera: es el magnate más rico y caprichoso del país, pues le ha dado por ser Presidente, aunque sea comprando el puesto, si pudiera, para convertirnos en un “paraíso fiscal” donde impere la más absoluta informalidad y relajo tributario, el lavado de dinero, el nicho de escandalosas fortunas mal habidas, donde solo cuente el egoísta interés de las mafias evasoras en detrimento de nuestro legítimo derecho al Buen Vivir, que se financia precisamente con el generoso y legal aporte de los contribuyentes.