Cuarenta años del cruento golpe. Media vida de distancia de aquella fecha que segó tantas vidas. Cuatro décadas del comienzo del oprobio, del golpe de Estado sangriento que enlutó a Chile, y que mostró el camino para posteriores matanzas como la de Argentina. Interrupción militar de un proceso legal y democrático, que preparó para que por entonces pareciera evidente que un cambio político hacia la justicia social se haría imposible por vía pacífica.
El sueño de un Chile más justo se volvió pesadilla de persecuciones, torturas y muertes. El intento de ceñirse a la ley que planteaba Allende no dio resultado; había enfrente quienes querían violar la legalidad e impedir el avance de un gobierno al que consideraban “subversivo”, según el deleznable lenguaje de la época.
Ha pasado el período de los golpes militares y ojalá ello sea definitivo en Chile y en todo el continente, así como debiera serlo en escala planetaria. Igual, la derecha militar se fue en ese país condicionando la democracia, dejando senadores vitalicios y al exdictador como comandante del Ejército. Y poniendo en herencia una economía liberalizada que privatizó pensiones, educación y salud, y que dejó sin recursos ni opciones a los sectores populares.
Los gobiernos de la Concertación fueron insuficientes en su capacidad de modificar ese esquema. Ahora, las luchas estudiantiles están abriendo grietas en ese edificio privatista de la economía de derechas. Bachelet promete esta vez que otorgará educación gratuita: ojalá sepa hacerlo y ojalá pueda, ante la esperable resistencia de quienes perderán el negocio.
Mientras, la semblanza de los muertos de entonces nos queda en la sombra de la mirada y la memoria. Quizá, en contraste con aquel pasado, abriendo a la esperanza de que las actuales luchas mediáticas contra los regímenes populares que hay en Sudamérica no lograrán esta vez la caída de esos gobiernos. Cuarenta años luego, vivimos la expectativa de que los actuales golpes mediáticos no sean eficaces como lo fueron en su época las asonadas militares, y de que las derechas se vean ahora obligadas a respetar íntegramente las reglas del juego institucional.