Desde que Rafael Correa ganó en 2006 -con una gran diferencia- las elecciones presidenciales, y aún más, a partir del 15 de enero de 2007, día en que nuestro primer mandatario tomó posesión de su cargo, quienes se encuentran al otro lado de las filas democráticas y progresistas, y en permanente confrontación con el primer magistrado del Ecuador, no dan descanso a una discutida creatividad, siempre basada en oscuras patrañas encaminadas a engañar al pueblo, utilizándolo para organizar un golpe de Estado, lo que nunca han logrado ni jamás lo verán.
Acostumbrados como estaban a dominar nuestra nación gozando de innumerables canonjías sin detenerse a resolver los tradicionales problemas de las mayorías, la llegada a la Presidencia de Rafael Correa y su firme decisión de empezar de inmediato el cumplimiento de su promesa de campaña de dar paso a la revolución ciudadana, aterrorizó a los opositores al régimen. Ese profundo temor a perder su estatus, y sobre todo el poder, ha hecho que los grupos opositores conformados por los socialcristianos y sus ramificaciones, así como por los ultraizquierdistas y anarquistas, e individuos nada santos que buscan el rápido enriquecimiento, estén dedicados a conformar, organizar y pagar a aquellos sectores ingenuos de la población que permitieron ser engañados. Y en este empeño se hallan dispuestos a convertirse aún en vendepatria. Que de estos hemos visto algunos últimamente, actuando en contra de los intereses del Ecuador, tanto dentro como fuera del país.
Ante cualquier acción del Gobierno, los opositores acuden a sus consabidas artimañas para engañar al pueblo, presentando gato por liebre ante la opinión pública y destruyendo tesoros nacionales, además de otros bienes públicos y privados, sin el menor asomo de conciencia. Así sucedió en Quito los días 17 y 18 del presente, en donde la oposición organizó marchas de odio político utilizando los predios y sus alrededores de los colegios Mejía y Montúfar, para provocar desmanes en sus enfrentamientos con la Policía, a la que atacaron con palos, piedras, bombas molotov y hasta adoquines arrancados de la calle. De los 126 detenidos el jueves 18 en los alrededores del colegio Montúfar (cuando resultaron heridos 17 policías), 65 eran menores de edad y 61 estaban entre los 18 y 31 años, algunos de los cuales se encontraban vestidos con los uniformes de los centros de estudios mencionados. De seguro que se trata de infiltrados en las manifestaciones estudiantiles, llevando la consigna de dar origen a graves alteraciones y a una imagen de descontento social.
En la noche del miércoles 17 de este septiembre, durante la concentración realizada por organizaciones sindicales de trabajadores, la Plaza de San Francisco en la capital de la nación, sufrió serios daños, pues los iracundos manifestantes no se contentaron con atacar a los policías con piedras, palos y bombas molotov, sino que, además, acudieron a los pesados adoquines de piedra andesita que cubre el piso, los que fueron arrancados para lanzarlos contra los gendarmes. Al siguiente día, quienes hacían labores de limpieza en el lugar reunieron cerca de 20 de esos adoquines especiales. Este atentado lesiona un espacio de gran valor para el Centro Histórico de Quito, pues la plaza fue construida sobre antiguas ruinas incas, en las que destaca el palacio del emperador Atahualpa. ¿Acaso existe en estas acciones un poco de sentido patrio? ¿Y por qué protestaban los estudiantes y los trabajadores? Alegan que por el alza de pasajes y por el proyecto de un nuevo Código de Trabajo. Pero esas no son razones, pues lo primero es atribución de los municipios, no del Gobierno. Y en cuanto a la nueva ley laboral, todavía no es un proyecto en firme, pues aún se encuentra en la fase de socialización, mediante la cual se han mantenido diversas sesiones de análisis entre el Ministro de Relaciones Laborales y varios dirigentes de trabajadores, entre ellos Mesías Tatamuez y el presidente del FUT, Édgar Sarango.