Los recientes acontecimientos vividos en el país nos dejan lecciones que sobrepasan la trama política. Las propuestas legales provenientes del Ejecutivo relativas a las herencias y plusvalía -dirigidas a las capas pudientes-, cuyo afán tiende a la redistribución de la riqueza, concitan criterios contrapuestos que se han trasladado a las calles. Es así que las manifestaciones en diferentes ciudades a favor y en contra ratifican la polarización de posiciones que atraviesa la sociedad ecuatoriana respecto de determinadas decisiones gubernamentales.
Sobre el actual momento, cabe decir que los proyectos de ley de carácter impositivo no tuvieron un adecuado canal comunicativo en el conjunto de la población. Esto generó más de una especulación y la correspondiente desinformación, manejado de manera inadecuada por el Gobierno central. Asimismo, la vocería de ciertos legisladores oficialistas desnudó graves debilidades argumentativas, cuando ni siquiera se daba cabida a la deliberación al interior de la Asamblea Nacional. De esto se aprovechó de manera estratégica la oposición para dejar entrever que este tema hereditario afecta al patrimonio del núcleo familiar, cuando lo procedente es revisar el documento original, sin que primen estimaciones subjetivas, esto es, conocer de primera mano el contenido de la norma jurídica en cuestión. El bombardeo mediático -en donde han prevalecido interpretaciones a ratos malintencionadas- hizo que la gente recoja un criterio sesgado al respecto.
Es evidente que los sectores adversos al régimen volcaron en los medios privados todo un arsenal discursivo que alarmó a la ciudadanía (especialmente la clase media que ha visto florecer sus intereses individualistas) con claros afanes desestabilizadores, aunque digan lo contrario. Si no, ¿por qué aquella actitud violenta en los plantones de las banderas negras? ¿Por qué la hostilidad empleada en las redes sociales en donde se azuza en contra de la Revolución Ciudadana (RC) desde el lenguaje irreflexivo antes que el discernimiento? ¿Por qué esos cabildeos y reuniones de grupos políticos y gremiales tan disímiles en su génesis? ¿Por qué el uso de la fuerza y el agravio en circunstancias en que debe prevalecer la civilidad? Dirán que también desde la RC se acomete con el insulto, la prepotencia, el uso y el abuso de las estructuras burocráticas.
Sin embargo, en la historia reciente del Ecuador, ningún gobierno como el vigente ha impulsado un serio proceso de reforma institucional y una inversión tan alta en áreas indispensables para el Buen Vivir. Entonces el asunto no se ciñe únicamente en afectos y desafectos, en la inconformidad por el estilo de gobernanza. Si hay arrogancia en el ejercicio del poder -hecho discutible, ya que podría entenderse como una forma de liderazgo-, pues esto es susceptible de corrección. Pero el tema no solo se circunscribe -hasta ahora- en los impuestos a las herencias, sino en la orientación para conducir los destinos de la Cosa Pública.
Y ahí viene lo de fondo, ya que a través de la prensa mercantilista se crea la sensación de que la bronca ciudadana se da por los poderes ‘hiperpresidencialistas’ que detonaron con la regulación de ingresos al fisco por concepto de herencias, cuando en la realidad es un asunto de fuerte contenido ideológico, como ya lo ha advertido este diario. Enfocado así, la RC ha planteado un aspecto que contribuye a radicalizar su proyecto, y esto, desde luego, ha asustado a la rancia oligarquía nacional, con su caja de resonancia en el extranjero. La equidad en el conjunto social es la esencia del gran debate, en donde el valor de la solidaridad supera cualquier entramado político y cálculo electoral. (O)