La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Santiago de Chile, emitió una declaratoria que es en verdad grosera y prepotente. Pero ¿qué declaratoria de la SIP no lo ha sido? Lo distinto es que ahora ya indigna. Antes, ante cada declaratoria, que más bien era un mandato, se guardaba silencio, y lo que es peor, se acataba.
Esta declaratoria, emitida en Santiago de Chile, ‘exige’ al Gobierno y la Asamblea del Ecuador que se derogue la Ley de Comunicación. Además, ‘exige’ que se garantice el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, que se respete la libertad de expresión, que se inhiba de utilizar su poder para manipular las decisiones de otros poderes del Estado. Y no solo eso, sino que ‘advierte’ al Parlamento Andino del riesgo de declarar a la información como un servicio público. De ahí que la respuesta emitida por la presidenta de la Asamblea Nacional ha sido clara y contundente: “Es una declaración atentatoria a la soberanía, independencia y autodeterminación del Estado ecuatoriano. La SIP no representa a los periodistas, sino a los patrones del monopolio mediático”.
La presencia de los medios de comunicación privados son fundamentales para la información, la libertad de expresión y la democracia. Por ello, es clave que exista una ley que las regule y que les ‘recuerde’ que no son actores políticos.
Después de un año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, ninguna de las predicciones apocalípticas de la oposición política -interna y externa- se ha cumplido. Por ello es fundamental que los medios privados (más aún si el 89% es privado) se empeñen en mejorar la calidad de la información que emiten y en hacer buen periodismo. Lo que acaba de suceder en Brasil es elocuente. Una campaña grosera y descarada en contra de la candidata Dilma Rousseff, como burdamente se evidenció en la revista Veja, el día previo al silencio electoral.
Pero del mismo modo es importante que se defina y delimite el ámbito de los medios públicos, pues no pueden, durante tanto tiempo, seguir existiendo medios ‘incautados’, por ejemplo. O se convierten en públicos o se los saca a subasta y se convierten en privados.
Así mismo, no se puede seguir prolongando la redistribución de las frecuencias. Existe un informe, desde hace ya seis años, y nada se ha hecho. Ya es hora de que el nuevo Ministro de Telecomunicaciones asuma el tema con agilidad y responsabilidad. Y por supuesto, es necesario consolidar los medios comunitarios como una herramienta para democratizar la comunicación, el libre acceso y garantizar los derechos de la comunicación a todos los ecuatorianos.
Después de un año de vigencia de la Ley de Comunicación, hay avances, pero no suficientes. Se ha clasificado la programación, se ha transparentado el tiraje, se están configurando las franjas horarias y hasta varios medios de comunicación han pedido disculpas por sus errores, pero la calidad de la información y de la programación aún no ha mejorado. Y en esto quizá sea fundamental la presencia del ‘defensor del lector’, pues se trata de velar por el cumplimiento pleno de todos derechos ciudadanos y de garantizar una información de calidad.