El mercado de valores es la fuente alternativa de financiamiento a la banca a menor costo y mayor plazo. Funciona con emisiones de valores de empresas (obligaciones, titularizaciones, etc.) que son vendidas a inversionistas captando recursos para financiar sus proyectos de inversión. Actualmente dicho mercado está en declive, principalmente por la menor participación del Biess en el mismo.
Para dinamizar y modernizar este, el Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, que elaboró el informe para el primer debate. En 2009 el Banco Central elaboró el proyecto de Ley de Mercado de Valores y hasta marzo/2013 el Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañías (Supercías) y el Ministerio Coordinador de la Política Económica reelaboraron y recortaron el proyecto original.
Una reforma de este tipo debe contener objetivos generales y específicos, de corto y largo plazo. Respecto al penúltimo hay varios. Uno, la ampliación y dinamización del mercado. Con el proyecto, se crea el Registro Especial Bursátil (REB), en el que se registrarán negociaciones de valores de Mypymes y organizaciones de la economía popular y solidaria (cooperativas). Por otro lado, se crea la Banca de Inversión, llevada a cabo por las casas de valores y el Biess, que podrán impulsar y promover proyectos de inversiones, estructurar emisiones, desempeñarse como hacedores de mercado y valorar empresas. Por otro lado, se introducen las obligaciones sindicadas que son realizadas por varios emisores en conjunto. Lamentablemente se han eliminado del proyecto la figura de los Clubes de Inversión, pequeños fondos de inversión, cuyos aportantes podrían haber invertido en el mercado bursátil y REB.
Un segundo objetivo es la democratización del capital y del financiamiento. En cuanto al primero, el proyecto no incentiva la participación de cualquier ciudadano, común y corriente, en la compra de títulos valores. Por otro lado, al eliminarse los Clubes de Inversión, dejan fuera a pequeños ahorristas, grupos de trabajadores, empleados, profesores, etc. para que puedan convertirse en pequeños inversionistas. De esta manera, si bien el proyecto incentiva la emisión de Mypymes, seguirá con cierto grado de elitismo, pues predominarán las grandes empresas (emisores) y pocos inversionistas.
El tercer objetivo, aumento de la confianza y seguridad del inversionista, se alcanzaría con una fuerte institucionalidad de regulación y supervisión. Para el primero se crea la Junta de Regulación de Mercado de Valores, conformada por entes del sector público, que dictarán la política y las normas.
Esta tendrá una Secretaría Técnica a cargo de la Supercías que es el supervisor. Sin embargo, al estar la Secretaría Técnica controlada por el supervisor se mantiene la cooptación del regulador. Ahora la Superintendencia, además de compañías será de valores, dando mayor relevancia a este mercado.
Sin embargo, se ha eliminado del proyecto al Defensor del Inversionista, que iba a defender a este en casos de fraude y estafas en el mercado. Esta ley es necesaria para reformar dicho mercado cuyas estructuras están anquilosadas.