Después de la matanza de Eloy Alfaro y sus tenientes -enero de 1912-, entre tantos crímenes políticos que se han cometido en el país y han quedado en la impunidad, ninguno tan grande como el magnicidio del presidente Jaime Roldós Aguilera, que pereció el 24 de mayo de 1981 junto con su esposa Martha Bucaram Ortiz, el Ministro de Defensa, su esposa, los pilotos y toda la tripulación. Total, nueve ecuatorianos condenados a muerte por los designios imperialistas, la CIA mediante, con el beneplácito internacional de la derecha, particularmente de la democracia cristiana, una de cuyas figuras emblemáticas, el vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea, pasó a sentarse encima del cadáver del ilustre mandatario.
El macabro caso viene actualizándose estos días con motivo del estreno de la película “La muerte de Roldós”, presentada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y replicada en otras salas del país. Ocasión que ha servido para que salga a flote, una vez más, el inmenso cariño que el pueblo guardó al Presidente que fuera destrozado cuando su avión estalló en el aire, aunque la versión oficial fue la de un imposible estrellamiento en las montañas de Celica. Versión avalada inmediatamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuando recién se iniciaba la supuesta investigación.
Claro que la película no se hace cargo de la peligrosa tesis del magnicidio, aunque sí la menciona, como también expone la oficial de entonces, pero sí presenta el contexto internacional en que se dio el suceso, con un Presidente ecuatoriano digno y valeroso, enfrentado a las dictaduras que por aquel tiempo fueron fabricadas en todo el continente, y de las que dan cuenta los sendos juicios penales contra Pinochet, los genocidas argentinos y el asesino múltiple Ríos Montt, de Guatemala, sentenciado en estos días a 80 años de cárcel.
La teoría del magnicidio la sustentaron en su momento el renombrado periodista norteamericano Seymour Hersh y John Perkins, autor del célebre libro “Confesiones de un gángster económico”, el primero de los cuales acusó directamente al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien fuera por largos años agente de la CIA, mientras el segundo implicó directamente a esta central del espionaje y el terrorismo de los Estados Unidos. En lo local, es bueno recordar que tanto el presidente León Febres-Cordero como su ministro de Defensa, general Luis Piñeiros, le endilgaron a Hurtado esta enorme acusación a través de la prensa, señalando que trepó a la Presidencia de la República “gracias al magnicidio en que pereció el presidente Roldós”. Ahora, al cumplirse 32 años del horrendo crimen, ¿alguien se atreverá a actualizar la investigación del magnicidio? ¿Tal vez la Asamblea Nacional? ¿O quedará en la impunidad, como ha ocurrido siempre con los crímenes políticos en el desdichado Ecuador?