La ventaja de vivir en un Estado democrático es que se puede debatir. La práctica profesional parte de la investigación y la docencia, pero no tiene otro objeto que llegar a la población con los servicios. La práctica médica se encuentra hoy en el centro del debate desde la investigación de la genética con la producción de transgénicos, básicamente para la alimentación y la contaminación de la minería, hasta la jurisprudencia sobre su ejercicio profesional, que es el tema que hoy nos incumbe.
La profesión médica exige la formación especializada en todos los campos de la práctica clínica en torno al cuerpo humano, la determinación social de la salud individual y colectiva, las políticas, sistemas y servicios. La gente, e incluso las autoridades, suelen pensar que el médico es uno solo, sin considerar las especialidades clínicas y de la medicina social, por eso los presidentes suelen nombrar como ministros de salud al ginecólogo de la esposa o al pediatra de los hijos, y hay quien sostiene que los médicos son malos administradores.
Esto porque parece desconocer que hay médicos especialistas en la gestión de los servicios, de la misma manera que los administradores deben especializarse en los de salud, porque estos tienen peculiaridades al tratar “directamente” con la vida humana. No es posible establecer procedimientos o normativas laborales “estandarizadas” como ingenuamente creen ciertos directores laborales, porque la profesión médica exige responsabilidades específicas, turnos de trabajo y descanso por riesgo y sobrecargas particulares, y otras condiciones especiales.
La “responsabilidad profesional” (denominación que debe utilizarse en lugar de “mala práctica”) debe considerar que la médica es específica para abordar de modo “directo” la vida humana. Esto debe aprenderse en el campo de la ética y de gestión de los servicios desde la universidad. Es una responsabilidad que no puede estigmatizarse como “mala práctica” porque eventuales imprudencias, descuidos o errores son responsabilidades “culposas”, pero no “dolosas”.
No se puede aceptar, por lo tanto, la aún injusta propuesta del Informe de la Comisión de la Asamblea para primer debate, en general y particularmente en su Art. 135. La mayoría de los códigos penales reconoce la “imprudencia profesional” y señalan penas mucho menos graves que las que se trata de establecer. La Comisión debe tener oídos receptivos a las observaciones y particularmente a las propuestas de la Federación Médica Ecuatoriana.