“Los especialistas coloniales no quieren reconocer que la cultura ha cambiado y se apresuran a apoyar las tradiciones de la sociedad nativa. Son precisamente los colonialistas los que se han vuelto defensores y partidarios del estilo de vida nativo”, lo dijo hace más de medio siglo Frantz Fanon en su libro Los condenados de la Tierra, que es un análisis psiquiátrico y psicológico de los efectos deshumanizantes de la colonización sobre el hombre como individuo. Es una advertencia a los académicos investigadores para que se abstengan de participar ingenuamente o de actuar con un imperialismo filantrópico y que actúen y vuelvan a pensar en forma crítica cuando apoyan los conocimientos, las culturas, derechos y manejos de los recursos naturales ‘indígenas’, y lo pongo entre comillas por la complejidad de definir este concepto.
En muchas regiones del mundo, los sistemas de gestión hídrica campesina e indígena constituyen la base fundamental del sustento local y de la seguridad alimentaria nacional. En la mayoría de los países andinos, por ejemplo, las comunidades indígenas y campesinas son las principales proveedoras de alimento para la población. Por lo tanto, la seguridad de acceso al agua y a los medios para manejar sus sistemas hídricos es de importancia crucial. Sin embargo, a más de la históricamente desarrollada y extremadamente desigual distribución y acceso al agua, los derechos consuetudinarios sobre el agua en los países latinoamericanos y en otros continentes están bajo una presión creciente. Consecuentemente, los millones de usuarios indígenas del recurso se hallan estructuralmente entre los grupos más pobres de la sociedad. Además, generalmente no están representados en los organismos a cargo de la toma de decisión nacional e internacional, lo que contribuye a una situación de creciente iniquidad, pobreza, conflicto y destrucción ambiental.
Tenemos ya la Ley de los Recursos Hídricos, luego de una larga espera, y ya enfrenta una seria oposición. Pero realmente enfrenta retos, tanto conceptuales como prácticos y estratégicos que nacen del hecho de que la ley nacional, por definición, debe ser de validez uniforme, aplicabilidad general y tratamiento igual para cada ciudadano; mientras que los sistemas legales locales e indígenas, por el contrario, por definición enfrentan casos y diversidades particulares. ¿Cómo sortear este conflicto y esta diferencia fundamental entre la justicia legal y uniforme -orientada a lo ‘justo’ y a lo general- y la equidad local y diversa -orientada a lo ‘equitativo’ y a lo particular-?
Veamos cómo funciona nuestra ley, cómo se designa a sus organismos de control y, sobre todo, cómo resiste a la presión de todos los sectores que dependen del agua, tanto nacional como transnacional. Recordemos que los grandes proyectos de generación de energía son hidroeléctricos y la esperada minería y la nueva refinería necesitan de muchísima agua.