El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un organismo financiado por el Banco Mundial y su sede está en la ciudad de Washington.
El 5 de octubre de 2012, el Ciadi da a conocer un fallo mediante el cual la República del Ecuador debe cancelar a la petrolera estadounidense Oxy la cantidad de 1.769 millones de dólares, a los que habrá que sumar el 4.188% de intereses anuales, a partir del 16 de mayo de 2006.
El Ciadi falló a favor de la Oxy por considerar que Ecuador violó el Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos en el año 1993 (gobierno de Sixto Durán).
Lo curioso es que el Centro en su “laudo” reconoce que la empresa Oxy incumplió con el contrato. El subpárrafo iv) dice textualmente: “OEPC violó la Cláusula 16.1 del Contrato de Participación al no obtener la autorización ministerial necesaria a los fines de la transferencia de derechos mediante el acuerdo de Farmount; como resultado de esta violación, los daños otorgados a las demandantes serán reducidos por un factor del 25%”.
La Oxy transfirió el 40% de sus derechos sobre el Bloque 15 a la empresa Alberta Energy Corporation, sin solicitar autorización al Ministerio respectivo. Sin embargo, la empresa petrolera es premiada -incluido el 25% de “descuento”- con el fallo del Ciadi. Hay que dejar constancia del voto salvado de Brigitte Stern, honesta catedrática de Derecho francesa, quien formó parte del tribunal de tres miembros.
Los tribunales arbitrales constituidos por el Ciadi toman como base jurídica de su acción los TBI y el Convenio de Washington, que entró en vigencia el 14 de octubre de 1966, para resolver las causas presentadas. Se ha configurado un “nuevo derecho internacional pro empresarios privados”, dedicado a garantizar las inversiones de las transnacionales, lo cual da al Ciadi una cuestionada legalidad y legitimidad. La falta de imparcialidad también cae por su propio peso: cada parte nombra un árbitro; pero el árbitro dirimente lo nombra el presidente del BM en coordinación con el secretario general del Centro. Los abogados llaman a esta situación “ser juez y parte”.
El presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 1823 del 2 de julio de 2009 -una vez que obtuvo el pronunciamiento del legislativo- dio por terminado el Convenio con el Ciadi. Un país soberano tiene la potestad de darse sus leyes, de aplicarlas y de resolver los conflictos que se originen en sus propios tribunales. Lo contrario significa que se ha perdido la soberanía.
La creación de un organismo regional que sustituya al anacrónico Ciadi se ha convertido en una necesidad impostergable. Los pueblos de la Unasur y la Celac tienen la palabra.