Cuando se anunció oficialmente la puesta en marcha o vigencia de la tan ‘cacareada’ Ley Orgánica de Comunicación, todos los medios de comunicación del país reaccionaron, algunos incluso adelantaron lo que, dijeron, sería el inicio de una serie de medidas que coartarían la libertad de expresión. Esto desencadenó una espiral de preocupación en cierto sector de la población. Debo admitir que en ese entonces, y aunque ya había leído sus 119 artículos, el ambiente mediático y social originado -por momentos- me incluía en esa situación.
Más de 365 días después y luego de haber estado muy atento al desarrollo su aplicación, creo pertinente decir que la Ley Orgánica de Comunicación no es el fantasma que se intentó crear o el monstruo que se anunció llegar.
Estoy convencido de que este marco legal, contrariamente a lo presagiado por algún sector de los empresarios de la comunicación, logró ordenar o está ordenando lo que está desordenado. No veo mordazas en los periodistas, lo que encuentro es mayor responsabilidad ulterior en ellos y en los medios en donde prestan sus servicios profesionales.
Tampoco he escuchado de medios de comunicación que hayan sido cerrados por causa de la Ley de Comunicación. Aquí tengo claro que si han existido medios que han devuelto sus frecuencias, es porque no han cumplido las reglamentaciones de Conatel o cumplieron los períodos de frecuencia que les fueron otorgados.
Los invisibilizados hoy tienen eco en esta ley, y aunque no se han equilibrado las situaciones, pues la ley habla del 33% para cada sector (medios públicos, comunitarios y privados), se ha aumentado en el 5% los medios comunitarios y el 4% medios públicos, el 91% restante sigue en manos de medios privados.
Adicionalmente, en la actualidad, los ciudadanos tienen la posibilidad (antes inexistente) del derecho a la réplica, de que las noticias sean contrastadas, equilibradas y responsables.
Si me preguntan qué falta para seguir haciendo a esta ley más efectiva, diría que se debe exigir de manera justa y sin excusas la profesionalización, pero no aquella profesionalización ‘pegada con saliva’ y realizada ‘astutamente’, sino aquella que incluye la teoría y la práctica académica y deontológica.
Cómo entender que se observen abogados sin ningún estudio académico-periodístico, sin más que su facilidad de palabra, sentados frente a las cámaras, los micrófonos y los computadores, ‘jugando’ o ‘simulando’ ser periodistas profesionales. Yo nunca he observado a ningún periodista defendiendo jurídicamente a algún ciudadano en audiencia alguna. Yo jamás he visto a periodista alguno metido en un quirófano operando a alguna persona, pero sí veo médicos pretendiendo ser periodistas, incluso a reinas de belleza, modelos, militares, políticos y hasta futbolistas ocupando sin mayores preámbulos los espacios de jóvenes periodistas que durante 4 o 5 años se han formado entre los géneros periodísticos y la redacción, es decir, la verdadera profesionalización.
Mientras tanto, esta ley es, desde mi concepción, una herramienta, sana, real, objetiva, justa, necesaria y justificable; esperemos que el tiempo le siga dando la razón a quienes se han convertido en autoridades para su aplicación y la posibilidad de demanda de respeto a sus derechos a los 14 millones de ecuatorianos, que la tenemos como herramienta jurídica.