Que la Universidad ecuatoriana tiene un claro problema de productividad científica, no es una novedad. En los últimos 26 años se publicaron 2.294 artículos (88 por año), según un trabajo de la Universidad de Hawái. Entre 2007-2014 fueron 3.358 las publicaciones indexadas (420 por año). Durante este mismo período se han invertido 9.445 millones de dólares en educación superior (2,2% del PIB), convirtiéndonos en el país de Latinoamérica que más invierte en educación. En esta misma línea, con el programa ‘Prometeo’ se han contratado más de 800 investigadores, que han generado más de 400 proyectos de investigación y alrededor de 600 programas de posgrado en distintas áreas. Estas y otras acciones persiguen crear un entorno académico e intelectual propicio para la investigación.
Antes se apostaba por construir edificios faraónicos en vez de contratar personas con los que llenarlos. Ahora, con casi 10.000 becarios en las mejores universidades del mundo, financiados con fondos públicos, se invierte en los profesionales.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, han arreciado las críticas a un modelo de Estado que ha apostado por invertir en la formación de talentos humanos y se presiona desde el sector privado, para que se invierta en sus propios proyectos.
Se echa la culpa de todos los males al Estado, pero no se exige nada a un sistema empresarial y financiero montado en beneficio de unos pocos. Es una paradoja que los empresarios, que son capaces de recolectar millones de dólares en las ‘teletones’, por ejemplo, sean incapaces de financiar la investigación o la educación superior de nuestro país, con similar espíritu filantrópico. ¿Dónde está el mecenazgo científico del que hace gala la empresa privada en otras latitudes? Una manifestación más del desprecio que en nuestro medio se muestra hacia la investigación. Pensar que la investigación es un proceso puramente individual en el que mentes brillantes tienen el bálsamo de Fierabrás, para sacarnos del subdesarrollo, no solamente es ingenuo, es tremendamente simplista. Las investigaciones con mayor impacto social siempre han formado parte de una compleja red de decisiones implementadas desde el Estado.
La deseable transformación estructural hacia un modelo basado en la generación de conocimiento requiere un esfuerzo prioritario y sostenido desde lo público, de recursos económicos y humanos, de una mejora de la gobernanza institucional, así como de un sector privado que apueste de verdad por la investigación y la innovación.
(*) Doctor en Medicina y Cirugía (PhD). Docente-investigador.