Alguna vez se me consultó desde una universidad privada quiteña, antes de la existencia del Ceaaces, acerca de la conveniencia o indeseabilidad de las evaluaciones académicas universitarias, y de la existencia de un organismo estatal que realizara dichas evaluaciones.
Mi respuesta, basada en la experiencia argentina aquilatada por la Coneau de ese país desde hace ya casi 20 años, fue positiva para ambas preguntas. Sin evaluación externa, hay universidades que confunden autonomía con extraterritorialidad, y que pretenden (ya sean estatales o privadas) manejarse con estándares propios de calidad o -lo que es más habitual- con no tener estándar alguno: profesores elegidos a dedo, de baja titulación, sin programas actualizados, falta de atención a la investigación, carencia de bibliotecas con suficiente acervo, son solo algunos de los problemas de variadas universidades latinoamericanas. Si nadie exterior a la propia universidad puede analizarlo, la tendencia es hacia la defensa corporativa de la institución, y por ello, al quietismo y mantenimiento de lo que está. En cuanto a que la Comisión de Evaluación dependiera del Estado, es siempre mejor a que sea privada, caso en el cual a menudo se vuelve manejable desde poderes económicos concentrados. Además, la pertenencia estatal da a los resultados de las evaluaciones un efecto práctico en la administración y gestión gubernativas, que de otro modo sería indirecto y podría más de una vez no verificarse.
Por supuesto, todo ello no significa que no deba discutirse los procedimientos concretos: elección de los jurados de evaluación, criterios valorativos que se aplican, adecuación de los mismos a la especificidad del caso analizado. Siempre cabe observar y mejorar esos procedimientos; pero ello debiera ser previamente a cada evaluación, no posteriormente. Cuando la crítica es posterior, aparece obviamente interesada desde quien no se vio favorecido por el resultado.
En la discusión que hoy se da en Ecuador es importante distinguir estos niveles diferentes. La necesidad de la evaluación creo que hoy es indisputable. Que el organismo que la realice sea estatal también está ampliamente consensuado.
Cabe, luego, discutir, criterios y procedimientos. Pero esta es una discusión a priori, anterior a cada evaluación. Cuando, en cambio, se aceptan las condiciones y luego no se aceptan los resultados, es notorio que se está opinando acorde a cómo nos haya ido en ellos.