“La democratización de la palabra: Una batalla cultural y política”

“Cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la comunicación está en manos de negocios privados con fines de lucro y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica dados los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más grave”. Con estas palabras el presidente Rafael Correa se refería al nexo entre libertad de prensa y democracia en la Cumbre de las Américas el pasado sábado.

En Ecuador, previo a la sanción de la Ley de Comunicación, la hegemonía mediática amalgamaba intereses económicos y lazos familiares de forma tal que algunos grupos como Vivanco, Eljuri, Pérez, Alvarado Roca, Mantilla, Egas, Martínez y Mantilla-Anderson poseían el control de los medios de comunicación en el país.

Durante esta época, la discrecionalidad en el otorgamiento de frecuencias fue una constante si se tiene en cuenta que entre 1995 y 2008 se emitieron resoluciones para la transferencia de frecuencias, pese a que existía una prohibición constitucional para ello, beneficiando de esta forma a empresarios y políticos que lograron hacerse con el control de la palabra.

Sin embargo, aun cuando la sanción de la Ley de Comunicación en 2013 represente un avance significativo en el combate contra el monopolio mediático, cabría interrogarse hasta qué punto la implementación de este nuevo corpus jurídico ha significado una mayor democratización del espacio radioeléctrico.

En este sentido, la democratización de los medios de comunicación constituye no solo una batalla mediática, sino más aún una lucha cultural y política. Cultural porque precisamente lo que está en juego es la construcción de nuestras sociedades desde la diversidad de voces, opiniones, sentires y territorialidades diversas. Cultural porque la democratización de los medios significa apostar por el pluralismo, por la elaboración de nuevos contenidos capaces de interpelar a la sociedad, por un nosotros que se construye a partir de compartir significados conjuntos. Cultural porque constituye una lucha de sentidos.

Pero la democratización de los medios de comunicación también es una lucha política en tanto constituye una disputa por el poder. Y como batalla por el poder, o cedemos (y mantenemos) el espectro radioeléctrico en manos de las corporaciones económicas–familiares insertas en la lógica de mercado o emprendemos acciones afirmativas a fin de democratizarlo hacia los jóvenes, los sectores culturales y las comunidades.   

La resolución de tal dicotomía es una decisión política. Si bien la Ley de Comunicación ha sentado el precedente legal, la democratización del espectro radioeléctrico necesita de un conjunto de acciones de los organismos estatales referidas al diseño e implementación de nuevas formas de comunicación, la potenciación de las capacidades de los medios comunitarios y el fortalecimiento de su presencia en las comunidades. Solo de esta forma habremos logrado avanzar hacia la construcción de un sujeto político capaz de ser parte y empoderarse del proceso político en curso. (O)