La contaminación atmosférica de las ciudades del país es crítica. Esta es silenciosa y solo se hace evidente cuando aumenta afectando la salud de las personas, en especial, en las vías respiratorias. Es generada por fuentes fijas (industrias que tienen procesos de combustión) y fuentes móviles vehículos (autos, aviones y buques). Esta última incide mucho, pues los vehículos terrestres a gasolina emiten principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, metales pesados; mientras que los de diésel, óxido de azufre, partículas, etc.
Desde 2012 Europa aplica un impuesto a los aviones por la emisión de dióxido de carbono y en el país se cobra el impuesto ambiental a los vehículos terrestres privados, cuya base es el cilindraje y año del vehículo. Así, un auto pequeño como el Spark (Chevrolet = Ch) de 1.000 cc y del año 2007 no paga el impuesto porque los de 1.500 o menos y los de 5 últimos años están exentos. Esto no quiere decir que este auto no contamine, sino que está exonerado del impuesto. En cambio, un Grand Vitara de 2.000 cc (Ch) del año 2008 pagaría $ 40 por el impuesto ambiental, o sea por cada 100 cc paga $ 8. Un Lexus (Toyota) 4x4 de 3.500 cc y de 2009, de lujo, tiene que abonar $ 240 por dicho impuesto. Esto es, a más cilindraje y antigüedad, mayor es el gravamen.
Buena parte de la contaminación del aire por vehículos terrestres se explica por la mala calidad de los combustibles. La gasolina extra tiene 81 octanos y la súper 90; el diésel contiene 7.000 ppm de azufre, mientras que en países desarrollados llega a casi cero ppm y, más aún, las partículas son más nocivas en este último. Por ello, es significativo que el Gobierno haya anunciado un plan de mejora de la calidad de la gasolina (aumento de octanos) y del diésel (reducción a 500 ppm de azufre). Eso significa una reducción de la contaminación del aire y mejora de salud de la gente y, en especial de los niños, que son los más afectados. El nivel de bienestar de todos aumentará.
Los recursos del impuesto serán utilizados para esa mejora. Siendo fieles al principio del que contamina paga, de la economía ambiental, deberían tributar todos los vehículos sin importar el cilindraje o sector; así, los vehículos de sector público también contaminan y, por lo tanto, deben pagar dicho impuesto. Más aún, los buses de servicio público, que utilizan en su mayoría diésel, cuya contaminación es más nociva, deberían pagar mayor impuesto.
La política ambiental anticontaminante debería revisarse. Las fábricas que realizan combustión también contaminan, por lo tanto, deben controlarse. Al parecer, la política de estándares (límites a la contaminación) que se aplica para fuentes fijas no funciona. Hay que identificar la causa: falta de controles, falla en sistemas de gestión ambiental de las empresas industriales, límites de la autoridad ambiental, problemas en la administración de la delegación de esta o falta equipo de medición.