Si Ecuador cuenta con la Constitución más larga de su historia y posiblemente del mundo -444 artículos y 30 disposiciones transitorias-, no es porque se haya logrado el mejor y más completo texto, un extenso conjunto de cláusulas perfectas y coherentes entre ellas que hacen un todo armónico y sistemático sin vacíos, contradicciones, ni espacios para dudas, más bien, sucede que contiene textos farragosos, falaces, repetitivos, cuasi reglamentarios, y algunos contradictorios. Amén de los aciertos que contenga la norma fundamental en el campo dogmático, principios y derechos, incluye también desaciertos pequeños y otros de gran calado en lo orgánico -instituciones y estructura del Estado-. La clave radica en que su contenido favorezca al país y se respete, porque en primer término le hace bien a su democracia, pero esto casi nunca es fácil de lograr.
En las democracias más sólidas del planeta no se han devanado los sesos por tratar de inventar algo diferente al modelo clásico de república donde en un equilibrio de pesos y contra pesos funcionan las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder público, ámbitos separados pero intercomunicados de tal forma que el accionar conjunto permite un nivel de complementación apreciable. De esta manera, el gobierno planifica, define políticas y las impulsa; el legislativo adopta las leyes que se requiere, designa principales autoridades de control, fiscaliza y censura al equipo de gobierno, y el judicial interpreta las leyes, vigila su cumplimiento y sanciona los incumplimientos.
La Constitución vigente organiza al Estado con una nueva estructura ya no de tres sino de cinco funciones públicas, pues a las clásicas que ya conocíamos se sumarían las funciones de transparencia y control social, y la electoral. A decir de algunos, esta novedad favorecería la vigencia de los derechos, la democracia, la participación ciudadana, para conducirnos a una realidad donde el buen vivir felizmente se realizaría para cada ciudadano. Es decir, no bastó el modelo que sí funciona aceptablemente en el resto del mundo, así que ensayamos con otro que francamente desfigura aquel, estancando la democracia. En los hechos, el entramado que ya tiene 14 años de vigencia, puede facilitar la concentración del poder en el gobierno, con el grave riesgo que esto representaría para los derechos y libertades; esa “nueva fórmula” de cinco poderes -calco de la Constitución chavista de 1999-, no ha transformado positivamente al país en ningún frente; a esto se añade que, la realidad, los entornos y algunas prioridades han cambiado radicalmente en los años recientes.
Nuestra Constitución tiene problemas por donde se mire, refiero unos pocas: la planificación nacional y el buen vivir, sucede que unos pocos han decidido lo que a cada uno le corresponde bajo ese concepto tan benéfico de “buen vivir”, es como un nuevo nivel del Estado de bienestar que no termina de cuajar ni de perfilarse; la Asamblea Nacional, el órgano legislativo y soberano por excelencia no opera como corresponde, es decir, debatiendo leyes, artículo por artículo, fiscalizando y eligiendo las principales autoridades de control público, cuenta con un desproporcionado número de integrantes y está organizada en una sola cámara complementada por comisiones en donde se definen cosas sustanciales; el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el caso de un órgano que no cumple sus fines y que tiene atribuciones que más bien por su importancia deben corresponder a la función legislativa, concretamente lo referido a la elección de autoridades nacionales de control; en materia de integración latinoamericana la Constitución proclama la “integración profunda”, y al mismo tiempo, el fortalecimiento de la soberanía y el rol estatal, soberana contradicción; ¿Qué señales de tranquilidad envía la Constitución a los agentes de la economía, si por ejemplo, hace depender las cargas tributarias del principio de suficiencia recaudatoria?; respecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales, les atribuye “competencias exclusivas”, pero algunas de ellas también pueden ejercerse de manera “subsidiaria” por el Estado central, otra gruesa discordancia que fulmina la idea de autonomía y su esencia; los GAD, tan autónomos, no pueden crear impuestos, así la dependencia económica del Estado central se mantiene; la creación de regiones, poco menos que imposible… ¿Cuántas regiones se han creado desde la vigencia de la Constitución de 2008? Y ni se diga el enorme costo que representa para un país como el nuestro poner en marcha el modelo institucional-orgánico ampuloso e ineficaz que determina la norma suprema.
Por lo dicho y por muchas otras razones, una reingeniería de precisión, desde las bases mismas es lo que requiere la Constitución, pues actualmente es como un aparatoso cajón de sastre que ofrece de todo, para todos los gustos, extraerle su potencial solo dependería de quien tenga a cargo el poder y sus intenciones. En efecto, vista la realidad constitucional presente, así como también la realidad social, económica y política agravadas por la pandemia y la crisis sistémica, cobra sentido insistir que los ecuatorianos tenemos un gran deber pendiente: impulsar cuanto antes los cambios que a nivel constitucional requiere el país, para dotarle de un marco favorecedor para una institucionalidad más democrática y ágil, menos costosa, pero, sobre todo, más efectiva, que facilite la gobernabilidad y encause al poder hacia la solución de los problemas cruciales. La Constitución, compleja pieza jurídica fundamental, debe representar, además, un programa político posible sobre el Ecuador que necesitamos edificar en medio de incertidumbre y grandes desafíos.