Tuvieron que pasar más de tres años para que por fin se apruebe una Ley Orgánica de Comunicación. Bien sabemos que toda ley es perfectible, sin embargo, se debe partir de un punto de organización jurídica para garantizar un derecho consagrado en la Constitución. Debe entenderse que la comunicación es un servicio público que puede ser llevado por sectores privados, públicos o comunitarios. Esta ley marca un antes y un después en la lucha por la democratización de los medios de comunicación e información: una democratización de los medios de producción.
Democratización que ha significado una lucha política, cultural y ética contra la resistencia neoliberal que ha pretendido, y aún lo hará, ser dueña de los procesos y productos informativos; de creerse durante largas décadas que sus opiniones eran la opinión de las mayorías y que, por tanto, se convertían automáticamente en opinión pública nacional. No puede impulsarse una democracia radical, participativa, social-comunitaria si la información y la comunicación solo está en manos privadas; las consecuencias ya las conocemos: complicidad, crítica sesgada, etc. Por eso ahora, con la aprobación de esta ley, es necesario que todos los sectores sociales, populares, comunitarios se apropien nuevamente de los contenidos de esta ley. Solo así podremos contrarrestar las reacciones de aquellos actores políticos mediáticos que, asociados con medios internacionales, ya han asumido una nueva estrategia informativa para producir la imagen de que la libertad de prensa en Ecuador ha sido afectada.
El pasado viernes, esos medios privados ecuatorianos, tutelados por una prensa oligopólica en Colombia, elaboraron un editorial donde afirman que “la prensa, en su condición de perro guardián de la democracia (…), busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca”. ¿Y quién devela las asociaciones monopólicas de estos medios con los grandes sectores terratenientes y oligárquicos nacionales? Una democracia no necesita ningún tipo de perros guardianes. El único garante legítimo es la misma sociedad ecuatoriana, la cual no necesita tutelaje político ni mediático de nadie. Entonces, ¿cuál es el miedo de aquellos medios que se han opuesto al mandato constitucional? Precisamente el que la comunicación dejará de ser una mercancía privada vendida al mejor postor.
La naturaleza de la comunicación como servicio público garantiza que nadie la privatice y se enriquezca de ella, por tanto, tiene que ser regulada como todo servicio público cuando la finalidad es que prevalezca el bien colectivo. Ahora, no basta tener una ley, sino que la sociedad la tome y exija el cumplimiento de la misma. Todo esto será un proceso, que no tiene por qué dilatarse. Tener una Ley de Comunicación abre el campo para la diversidad de voces y así construir una opinión pública plurinacional e intercultural.