Son 3.100 metros de la costa ecuatoriana, pero solamente unos 900 metros de playa. Esta pequeña comunidad, ubicada en el kilómetro 39 de la Ruta del Spondylus, tenía como principal actividad la pesca artesanal y luego la deportiva, pero ahora está centrada en el turismo, lo cual provoca un desordenado crecimiento, con el peligro de que sigan el ejemplo de la comuna de Montañita.
¿Qué pasa en Ayangue? Es muy difícil contestar, a menos que nos remontemos a la historia muy antigua, donde las sociedades indígenas mantuvieron a su manera las lógicas comunales sobre la tierra, especialmente para la labranza. Pero llegó la conquista española, encontrando que todas las tierras mantenían su carácter comunal, por lo cual cortan el desarrollo de las sociedades autóctonas, haciendo que el sistema parcelario familiar, por el cual gozaban los comuneros el usufructo de las tierras comunales, pasen a ser de propiedad individual para interés indudablemente de los españoles. Esto tuvo consecuencias lamentables: abandono de las tierras, concentración poblacional bajo el sistema de reducciones, el origen de los latifundios propiedad de los conquistadores, impuestos y, de la misma manera, la catequización y la esclavitud. Los indios son despojados de sus tierras, que eran su único bien y son convertidos en mitayos. Se reduce la producción agrícola y la población indígena, pero lo que es peor, los que quedan caen en la mendicidad, el alcoholismo y la exclusión social.
La independencia y en 1820 Simón Bolívar cambia esta situación, pues quita la propiedad a los españoles y con decreto dice: “Mando devolver a los naturales como propietarios legítimos todos los resguardos, cualquiera que fuere el título que alegasen los actuales tenedores”. Pero la ley del 15 de octubre de 1828 que se dicta en Bogotá, de la cual dependíamos como parte de la Gran Colombia, establece que se asignará a cada familia de indígenas la parte indispensable para su habitación y cultivo, a más de la que necesitarán para su ganado y otros usos. Las tierras sobrantes podrían ser arrendadas en subasta pública aún a las comunidades indígenas. Imposible que los pobres indios pudieran competir con los oligarcas latifundistas en este ‘arriendo’ de sus antiguas tierras comunales.
El 30 de julio de 1937 se expide la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, que se mantiene vigente y es el primer acto de reconocimiento jurídico y orgánico de las comunas y de sus tierras comunales durante el período republicano. Pero es una legislación que se presta a interpretaciones y aun con dedicatorias. La provincialización de Santa Elena en 2007 no ha mejorado esta realidad. El mayor problema son los intentos de adquisición de las tierras comunales utilizando fórmulas diversas, desde la invasión y el conflicto jurídico, hasta la compra directa bajo presión, chantaje o en forma fraudulenta de estas tierras ancestrales. Tenemos como ejemplos lo que sucede en las comunas de Montañita, Pechiche y, lamentablemente, en mi querida comuna de Ayangue, donde los intereses privados, jueces venales y la permisibilidad de las instituciones públicas arrebatan lo único que les queda a sus habitantes, que es la tierra.