El caso del fin de la Iniciativa Yasuní ITT es un gran ejemplo de cómo los actores políticos mediáticos han intentado imponer una agenda de discusión centrada en un imaginario poco real sobre el Yasuní con argumentos morales y poco centrados en la ética social. Los trece millones y algo más de dólares alcanzados dan cuenta de que muchos de los ahora declarados defensores nada contribuyeron al fondo y peor aún se han preocupado de visitar el Parque Nacional.
Y para colmo la información que se utiliza tiene como fuente, casi exclusiva, a los medios privados de comunicación, produciendo limitaciones para poder abordar el problema en toda su magnitud técnica, social, ecológica, etc. Todos quisiéramos que el ITT no se explote, pero hay que guardar coherencia con las necesidades de todos los ecuatorianos y no hacer alarde de vanguardismo cuando bien se tienen satisfechos los accesos a bienes y servicios fundamentales: agua, luz, alcantarillado, etc., como ocurre para las mayorías de los habitantes de las grandes ciudades, como es el caso de Quito. Mientras la mayoría de las poblaciones de ciudades medianas o pequeñas, a lo largo del país, aún no alcanza los mínimos necesarios. Así que bien puede resultar fácil ser defensor de algo cuando se tienen ciertas comodidades y teniendo una mirada centralista de los problemas. Así, en este contexto, resulta casi un atrevimiento la carta que intelectuales, académicos extranjeros, han enviado al Presidente. En principio la carta se puede alabar por el deseo que manifiestan por que la iniciativa continúe, pero es inaceptable que en su tercer párrafo se afirme: “(…) estamos extremadamente preocupados de que su gobierno esté reprimiendo las voces de la mayoría de ecuatorianos (…).
Entendemos que se podría estar bloqueando la posibilidad de que haya una consulta popular (…) que la libertad de expresión estaría siendo coartada (…)”, etc. Afirmaciones inadmisibles sean de quien sea. Es inaceptable que sus fuentes sean precisamente aquellos que se oponen a todo. Y peor aún que se pretenda desde la comodidad del primer mundo, de la centralidad que construyeron a costa de construir un mundo injusto y desequilibrado económicamente, dar lecciones de ética o de querer expresarnos sus preocupaciones con un acento de guardianes de la democracia con claro sentido de tutelaje. Vale la sospecha de tener toda la certeza de que todos los firmantes realmente lo hicieron. Si así fue, habría que invitarlos al país, no a que visiten a sus pares académicos, sino a que recorran los territorios para que tengan una visión integral, empírica, de lo que pasa en este país y que las sospechas de que la libertad de expresión estaría siendo coartada es una idea sin argumento investigativo.
La lucha contra el neocolonialismo debe continuar, y que no sea solo un eslogan, sino una posición política definida en función de la transformación de las estructuras del país y en beneficio de las mayorías.