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El Telégrafo
Pamela Martínez Loayza

Columnista invitada

Justicia, marcha e inclusión

Columnista invitada
05 de mayo de 2015

La recordación del Día Mundial del Trabajador, en Ecuador, giró en torno al beneficio o no para los trabajadores, que plantea la nueva Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, de reciente aprobación.

Y es justicia el primer sustantivo de esta ley que ciertamente presenta importantes e interesantes cambios sobre el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley de Seguridad Social, entre otras. ¿Hemos leído su contenido? Se presentan nuevos elementos, tales como la unificación de utilidades para empresas vinculadas, la determinación de responsabilidad patronal entre empresas vinculadas, excedentes de utilidades en beneficio de la seguridad social; la identificación del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio; la clarificación del desahucio; la inclusión de las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado como beneficiarios de la seguridad social; y la responsabilidad solidaria y garantía del Estado en el pago de pensiones jubilares determinan, en el presente y futuro, cambios que buscan equilibrar la balanza en las relaciones entre los empleadores y trabajadores, así como el Estado y sus servidores, sin dejar de lado la seguridad social frente a sus beneficiarios o aportantes.

Entre estos importantes nuevos aspectos quiero rescatar la inclusión de las personas que realizan un trabajo no remunerado en el hogar. ¿Cuándo hubieran imaginado las amas de casa que por ese trabajo, silencioso pero sacrificado, el Estado les proporcionaría servicios de seguridad social, que les permita acceder a beneficios administrativos e incluso de orden jubilar?

En el Ecuador de antes, eran solo utopías de un Estado que solo implementaba lo que le era ‘políticamente conveniente’. Hoy, esos anhelos se han convertido en derechos que aseguran y garantizan una vida digna en el marco del Buen Vivir de todos los ciudadanos.

En estos últimos 8 años he recorrido las calles, campos, calzadas y laderas de nuestro Ecuador y he conocido, además de abnegadas mujeres, a hombres dedicados al trabajo del hogar sin remuneración alguna, fruto de la migración, la viudez o la necesidad. Recuerdo sus rostros: hombres y mujeres que veían pasar los años ante sus ojos, sin la esperanza de una cobertura social y de salud, tan necesaria, sobre todo para aquella época en que sus fuerzas se aminoren. Para ellos y por ellos, esta ley de justicia laboral que los reivindica.

Esa es la igualdad y la justicia por la que luchamos día a día los abogados. Trabajamos en la construcción de un país igualitario y equitativo, que no busca perjudicar a ninguno de sus habitantes, muy por el contrario, empeñado en su fortalecimiento y crecimiento personal y profesional, reconociendo el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral, tal como lo señala el artículo 237 de esta nueva norma.

Otro aspecto importante es el hecho de que el Estado central se haya constituido en responsable subsidiario y garante del pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social, incorporando en el Presupuesto General del Estado los recursos que sean necesarios para este efecto, aun en atención sobre otros gastos del Estado.

Por ello la presencia mayoritaria en las calles de Ecuador, respaldando no solo la ley recientemente aprobada sino, por sobre todas las cosas, ese despertar de los jóvenes y adultos, hombres y mujeres, campesinos y profesionales, agricultores y artesanos, en fin, todo un pueblo que dijo multitudinariamente: presente. (O)

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