Hasta inicios del siglo XX, los militares eran los únicos empleados que contaban con un sistema proteccionista frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y ello incluía prestaciones de retiro y montepío, para ellos mismos y sus herederos. Entonces, en 1920, el director de Estudios de Pichincha, doctor José Luis Román, planteó al Ministerio de Instrucción Pública la idea de capitalizar fondos para el pago de jubilaciones del magisterio. El ministro Pablo Vásconez acogió el proyecto de ‘Ley Preparatoria de Jubilaciones del Magisterio’, redactado por el doctor Rafael Aulestia Suárez, y lo presentó al Congreso Nacional, que lo aprobó el 10 de octubre de 1923.
Nació así el sistema de seguridad social ecuatoriano, que luego fue ampliado a todos los empleados públicos y bancarios del país mediante la ‘Ley de Jubilación Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa’, expedida por el presidente Isidro Ayora el 8 de marzo de 1928. Esta ley creó también la Caja de Pensiones, entidad encargada de administrar los fondos descontados a los trabajadores de su sueldo mensual para crear el fondo de jubilaciones.
Se trataba de un sistema inspirado en las ideas del canciller Bismarck, quien buscó aliviar la brutalidad del capitalismo prusiano creando un sistema de seguro colectivo financiado por los propios trabajadores. Pero el modelo ecuatoriano requirió que el Estado contribuyera desde el inicio con aportes a la seguridad social, que luego fueron creciendo al calor de la ampliación de sus servicios.
Ese modelo original fue transformándose luego, al crearse el sistema de créditos para los afiliados (quirografarios e hipotecarios) y el público (prendarios). Y sobre todo cuando el gobierno del presidente Jaime Roldós creó el Seguro Social Campesino, sostenido con aportes solidarios de los demás trabajadores y apoyo estatal.
Ahora, por iniciativa del presidente Correa, se ha incorporado a las amas de casa al sistema de jubilación, mediante un estatuto especial que contempla aportes familiares y estatales. Se trata de una medida verdaderamente revolucionaria, que apunta a la raíz de las desigualdades biológicas y sociales, pues las mujeres tienen por naturaleza la carga de la maternidad, que el machismo ha convertido en carga pesada y hasta cruel.
La madre de familia, especialmente la de bajos ingresos, tiene encima la interminable tarea de atender a su familia en todos los órdenes. Su esforzada tarea se inicia de madrugada y no termina sino en la alta noche. Es verdad que ella está motivada por el amor y la responsabilidad hacia los suyos, pero laboralmente hablando se trata de un trabajo no remunerado y, a veces, ni reconocido como tal.
De ahí la importancia de la medida tomada por el Gobierno, que al menos asegurará la vejez e invalidez de esos millones de madres de familia que, hasta hoy, estaban condenadas al abandono y aun la mendicidad durante sus últimos años. Esto prueba, una vez más, que vivimos “una revolución para los de abajo”.