El retorno del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002–2010) a la arena política no es fortuito. Hoy, desde su condición de legislador electo, intenta cohesionar un bloque reaccionario en nuestro continente. Y ante tales pretensiones emite en la prensa privada graves improperios a países cuyos gobiernos son de tendencia progresista, como es el caso de Venezuela.
Ante ello es inadmisible brindarle credibilidad al mentor (o uno de los mentores) del paramilitarismo colombiano: tropas mercenarias gestadas por herencia paterna. Esto sin considerar las serias acusaciones de corrupción efectuadas por el sistema de justicia a exmilitares relacionados con la administración de Uribe.
Este exgobernante es la persona menos indicada para reivindicar postulados democráticos. En su gestión, la mentada libertad de expresión -reivindicada paradójicamente en la actualidad por fuerzas conservadores, quienes en su momento aplaudieron el modelo neoliberal- solo fue un sofisma a favor de los sectores detentadores del poder financiero y político. No nos olvidemos de su relación con grupos de extraños vínculos con el narcotráfico. ¿O es casualidad que en su período se citara en los propios medios comerciales, sin opción a pasar inadvertido, el tema del narcolavado y la narcopolítica?
Además, en su gestión como primer mandatario, Colombia fue uno de los países que atropelló constantemente los DDHH: o ¿acaso el escándalo de los falsos positivos no fue de entera responsabilidad de su ‘liderazgo’ presidencial?
Y ahora, pese a estar fuera de la Función Ejecutiva, en una actitud antidemocrática, se palpa su influencia en la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá, en vista de su potencial proyección como alternativa de los sectores emergentes de la nación paisa. Es escandalosa la salida de Petro, a quien despojaron de sus más elementales derechos a la defensa; en esta movida política, sin duda, está Uribe, asustado del ascenso de Petro, quien se perfilaba como el principal exponente político de la izquierda colombiana. El ‘pecado’ de Petro fue incidir en los grandes negocios particulares sobre el manejo de recolección de desechos, que están en manos de entes corporativos; su propuesta de convertirlos en empresas públicas fue el detonante que enfureció a la oligarquía bogotana. La lección es clara: la derecha y sus inversionistas son intocables y cualquier intento que motive el desmonte de sus negocios será suficiente para aplicar ‘leguleyadas’ jurídicas en pos de sostener el statu quo.
Desde luego que Uribe está atemorizado de la revolución bolivariana, porque, pese a cualquier intento de desestabilización orquestado por la burguesía criolla y la potencia imperialista, sus postulados se han multiplicado en nuestra región, con particularidades y realidades convenidas en cada nación y territorio patrio.
Lo que me parece de total insolencia es su intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Eso en vista de los elementales principios de autodeterminación y soberanía. Sus supuestas ‘denuncias’ no son más que hipótesis discursivas extraídas de un mismo libreto y guión imperialista: escrito y bosquejado por el gran hermano del norte.