Por fin el presidente Santos ha abierto la puerta para poder ingresar al sendero que debería conducir a una paz duradera, aunque erizado de obstáculos por militaristas a ultranza, liderados por el ex presidente Uribe, que buscan la paz de los sepulcros, pretendiendo eliminar a una guerrilla enredada en el narcotráfico, secuestros y otras graves violaciones de derechos humanos, pero que parece dispuesta a intentar una salida negociada.
Me adhiero a la búsqueda de una paz con justicia y equidad que requiere del concurso de todos e invoco el espíritu de mi entrañable amigo y condiscípulo Camilo Torres, que sacrificó su vida por una patria justa. Lo hago en apoyo de Gabino, actual líder del ELN, instructor otrora de Camilo en la guerrilla, quien ha pedido integrar la mesa de negociaciones. Debería tener acceso a ella en bien de la causa.
Lo hago, sobre todo, por el convencimiento de que toda forma de violencia genera violencia. Además, desde 1964 vengo palpando las nefastas consecuencias de la errada decisión que tomó el conservador presidente Guillermo León Valencia, al rechazar el diálogo al que estaban dispuestas las autodefensas campesinas liberales, lideradas por Manuel Marulanda, y ordenar su bombardeo.
Fui convocado semanas antes por el jurista de izquierda, Eduardo Umaña Luna, para una misión mediadora junto con Camilo Torres, el sociólogo Orlando Fals-Borda, dos intelectuales marxistas, Gerardo Molina y Hernando Garavito, y Monseñor Germán Guzmán, coautor del emblemático análisis sobre la violencia en Colombia.
Debíamos mediar con las autodefensas, yendo a Marquetalia, donde llevaban a cabo un promisorio experimento de desarrollo comunal. El Ejército aceptó nuestra propuesta y ofreció el trasporte aéreo, pero el cardenal Luis Concha se opuso a la participación de sacerdotes y la misión no pudo tener efecto. Sobrevino el bombardeo y pronto surgieron las FARC.
Si los diálogos autorizados llegan ahora a buen término, quedarían libres ingentes recursos financieros para ser destinados a la construcción de la paz. Aunque la iniciativa que proponía que el ahorro que se dé con la paz en gasto militar se destine a gasto social, quedó torpemente excluida del Marco Jurídico para la Paz. Pero hay que insistir.
También se abrirá la posibilidad de regreso a la patria de muchos de los cuatro millones de desplazados que sufren las consecuencias de tan largo conflicto. Para Ecuador, que ha acogido humanitariamente centenas de miles de ellos, el éxito de los diálogos también será suyo. Y se le facilitará el control de las fronteras.