El indulto presidencial contenido en el Decreto Ejecutivo 355 emitido por el Presidente de la República dado a conocer por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo Neira, que como dice la sentencia popular, “ni bien salido el pan del horno”, ha recibido las opiniones y comentarios de expertos y todólogos de las redes sociales, entre estos —los todólogos— obviamente están aquellos que de alguna manera han estado atizando el fuego en las cárceles del Ecuador a través de la violencia que ha llevado a los amotinamientos con los resultados ya conocidos.
En el Art. 4 del COIP se lee: Dignidad humana y titularidad de derechos…Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento. El incumplimiento de este principio ha desembocado en la crisis que nos hemos referido, con el costo social y humano muy alto que se ha tenido que pagar, que incluso ha llevado a declarar varios estados de emergencia, sin buenos resultados.
“Al toro por los cuernos”, dice la conseja popular. Y eso es lo que refleja el decreto ejecutivo, en parte, porque el silencio de las cárceles es preocupante y aterrador pues no sabemos en qué momento se va a dar el despertar, pero el indulto presidencial previsto en el Código Orgánico Integral Penal frente al estado de las cosas de la cárcel ecuatoriana, apunta a una política de desprisionalización orientada a disminuir el hacinamiento que está prohibido ya que atenta al derecho de los derechos como es el derecho a la dignidad humana.
Y es que la Corte Constitucional en una de sus sentencias ha señalado que la prevención de la violencia en los centros de privación de libertad está estrechamente vinculada a la erradicación del hacinamiento, y en general el deterioro de las condiciones de permanencia propician escenarios para la ocurrencia de hechos violentos. Estas acciones, por las cuales, las personas privadas de libertad se sublevan en contra de las autoridades, generan situaciones de riesgo para la integridad personal y la vida de todas las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad, incluidas las autoridades, funcionarios, visitantes y otros privados de libertad, se dice.
Sin duda, dominar, reducir y reprimir el deseo de venganza es una de las pretensiones más difíciles y complejas del ser humano. Más si se está en presencia de personas que con su actuar han lesionado dolosamente derechos de otros. En este escenario, el castigo y la cárcel son percibidos como una sanción natural, como si la cárcel no ameritara cuestionamiento alguno.
El hacinamiento y los desmanes del sistema penitenciario no son solo responsabilidad de las autoridades administrativas sino de jueces y fiscales. El sistema carcelario que hay en el país no se enfoca en el fin resocializador que es la prevención delictual y la reincidencia del delito donde se ve afectada la seguridad pública con las personas que están en conflicto con la justicia social. Por eso se hace necesario un cambio al paradigma de la política criminal para garantizar la efectividad de la rehabilitación, ya que debe estar orientado a reconocer al ser humano en su dimensión íntegra como es el respeto por la dignidad de las personas.
Ecuador ha tocado fondo en materia de crisis carcelaria habiéndose evidenciado el surgimiento de la victimización terciaria. Esto es la victimización en la que el delincuente se convierte en una víctima institucional ya que al condenar a un individuo se le condena no sólo a la privación de libertad, sino también se le condena a su propia victimización. Esta victimización, destaca por su crueldad, tratos vejatorios, dificultad laboral, agresiones sexuales, existencia de mafias carcelarias, circulación de drogas, pasando por la prendada y sin que que pueda faltar el suicidio y el asesinato.
Entonces el indulto presidencial del que se estima saldrán en libertad inmediata unas 4500 personas sentenciadas y que han cumplido con un alto procentaje de la pena impuesta es una política penitenciaria coherente, garantista y sostenible, que aliviana el sistema penitenciario. Y la Secretaría de Derechos Humanos al parecer está por el mismo camino.