Fueron 18 días de paro cuyos costos apenas alcanzamos a vislumbrar. Por una parte, la valoración de US$ 50 millones diarios por la forzada paralización y ralentización en la producción de bienes y servicios, nos dejarían un valor estimado de $ 1.000 millones, a lo que habría que agregar una ampliación del déficit fiscal por mayor subsidio en el precio de gasolina y diésel ($340 millones aprox.), las pérdidas en infraestructura y equipamiento destruidos por esta ola de irracional violencia, y otras difíciles de valorar asociadas a decisiones de no invertir por la pérdida de confianza en un país inseguro y con débil institucionalidad. Aparte de los fallecidos que deja este paro que se tornó violento y vandálico convocado por la CONAIE, el costo más alto sea la irremediable fractura social de un país incapaz de reconocerse en su diversidad y que más bien ha polarizado y profundizado el resentimiento entre sectores sociales que será complicado de superarlo, al menos en el corto y mediano plazo. Carentes de un proyecto común nos autodestruimos en medio del absurdo en niveles inverosímiles como obligar a botar la leche, impedir el tránsito de productos alimenticios o de salud, coartar la exportación a las empresas de flores, siendo éstas las que emplean a quiénes lo impiden obstaculizando las vías, se envenena tanques de agua de una ciudad, se atacan antenas de comunicación y destruyen UPCs que sirven a esas mismas personas. Simplemente demencial.
¿Qué se ha logrado? Mayor beneficio a la clase media por efecto del mayor subsidio a los combustibles por un valor equivalente a la quinta parte de las pérdidas, sin contar los otros impactos mencionados. Y desde el movimiento indígena se festeja el resultado como una victoria ¿Es que nos hemos vuelto todos locos? Llevamos décadas de subsidio a la gasolina, ¿nos ha ayudado a tener menos pobreza? Las medidas asistencialistas sin tocar aspectos estructurales no son la respuesta. Nuestra estructura productiva primaria, la composición empresarial fragmentada con 90% de microempresas orientadas en su gran mayoría a servicios y comercio de baja productividad, nos deriva a un mercado laboral altamente excluyente y segmentado por la informalidad dadas las precarias condiciones sociales especialmente educativas de los estratos más vulnerables, lo que conlleva a una generación de bajos ingresos, escasa protección social e inestabilidad laboral. Estos son los déficits por resolver.
Volvemos a una normalidad que implica continuar con la naturalización y la coexistencia de la democracia con la masiva desigualdad y pobreza. Quiénes vivimos en las grandes ciudades no podemos vivir de espaldas a esta lacerante realidad. Mas temprano que tarde se habrá de expresar nuevamente el descontento. Sostener la democracia no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro en la diversidad social ecuatoriana. Un proyecto de país inclusivo, un diálogo amplio y sereno puede ser la única luz, ahora casi imperceptible, al final del túnel.