Luego de aprobada la Ley Orgánica de Comunicación a la que se la puede considerar como un triunfo social de lo popular contra el pensamiento único mediático-privado urge la necesidad de pensar más allá de unas coyunturas forzadas por los actores y sus movimientos dentro de un campo de poder. Después de seis años de transformaciones sociales e institucionales apremia pensar el cómo sostener un proceso a largo plazo que trascienda a las figuras políticas que si bien son necesarias no son determinantes para la inflexión en un modelo de organización social.
La Ley de Comunicación sirve para identificar hasta dónde la emergencia y expresión tal cual del pueblo ecuatoriano y su voluntad han emergido en los últimos tiempos. Esta ley o cualquier otra tienen sentido si sus contenidos son apropiados adecuadamente por el actor fundamental y poseedor del poder constituyente. Este poder que está en latencia emerge cuando es convocado en momentos álgidos de disputa social. El poder constituyente legitima todo orden de cosas y permite que las instancias gubernamentales reubiquen su quehacer político con base a las demandas del actor central. El poder popular emerge como expresión del actor central de los cambios estructurales. Emerge ante la necesidad de que lo alcanzado por ciertas fuerzas políticas se plasme en el mismo ideario de vida de la gente, por lo menos de la mayoría de la gente.
El poder popular exige el protagonismo que le corresponde y su relación con la institucionalidad bien puede ser conflictiva, sin embargo, es necesaria para que la participación social sostenga el mismo modelo implementado, caso contrario el Estado puede terminar ahogando al sujeto histórico de la transformación. El poder popular es la materialización de la soberanía popular y esta modela el tipo de democracia elegida. Pero cualesquiera que sea la forma de operar del poder popular, su acción es estrictamente política en diversidad, es decir, que está acompañada de conflictividad, pero no reducida a un mero problema moral de bueno o malo, sino de ética política que en nuestro tiempo significa la lucha por la sobrevivencia humana y del planeta. La condición política del poder popular exige un retorno de lo de “abajo”; un socialismo desde abajo que va alcanzando a cada zona de la organización social hacia “arriba”.
Un socialismo del buen vivir exige la actoría del poder popular hacia arriba ensanchando su presencia, solo así el mismo reordenamiento social, territorial e institucional tiene sentido porque responde a las bases sociales de donde proviene. Una democracia para el poder popular exige participación social en todas sus formas con planificación, eficiencia, pero sobre todo con movilización social y organizativa. Solo así es posible abandonar una política centrada en lo reactivo por una política centrada en lo propositivo, que profundice la denuncia de las injusticias históricas en las que hemos vivido.