Una serie de opinadores de ocasión, sostiene que la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay fue un asunto “constitucional”: el Congreso entabló un juicio político al mandatario, el Senado votó en su contra y hasta el mismo presidente aceptó la decisión. Por tanto, concluyen, no hubo “golpe de Estado”.
Se ha confundido así dos niveles distintos de la vida social: uno es el orden jurídico, que es una esfera institucional del Estado; y otro es el mundo de los procesos sociales reales, que en determinados momentos históricos incluso rompen con el orden jurídico existente.
Desde el punto de vista meramente jurídico, tanto las revoluciones de Independencia en América Latina, como la Revolución Liberal Ecuatoriana (1895), la Revolución Mexicana (1910) o la Revolución Cubana (1959), simplemente serían acontecimientos absolutamente ilegales, porque atentaron contra las leyes de su tiempo.
Pero un golpe de Estado no es un acontecimiento simplemente “legal” o “ilegal”. Es un hecho “histórico”, que responde a las lógicas internas de la sociedad, que moviliza intereses sociales, clases en conflicto, fuerzas activas en el mundo político. Otra cosa es que al hecho social se lo revista con cualquier ropaje legalista.
En Ecuador, fueron verdaderas rebeliones ciudadanas en Quito (menores en el resto del país) las que provocaron el derrocamiento de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). El “golpe de Estado” vino de la clase política en cada momento, que rebuscó alguna causal constitucional para sustituir a esos mandatarios por títeres políticos aceptables al juego de intereses que esa clase movilizaba.
En Venezuela, el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 ni siquiera se cuidó de montar una justificación legal. En Honduras, el “golpe” (2009) se inició sacando al presidente Manuel Zelaya fuera del país. En Paraguay, “todo” fue legal, para ocultar el evidente golpe de Estado institucional que movilizó los intereses de la poderosa oligarquía agraria.
El 30-S en Ecuador no es más que una “insubordinación” policial para los opositores al gobierno del presidente Rafael Correa. Desde luego, “ninguno” quiere ver que tras esa aparente insubordinación, muy parecida a la de los policías en Bolivia en días pasados, se camuflan interesados sociales, que coinciden en buscar el derrocamiento de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. Y todo bien podría aparecer como muy “constitucional”.