Alejandro Ordóñez nació en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Ingresó a la Universidad Santo Tomás de su ciudad natal. Siendo estudiante de derecho, fue elegido presidente de las Juventudes del Partido Conservador.
Fue nombrado por el Congreso Procurador General de la Nación en 2009, cargo al que accedió gracias al apoyo de Uribe.
Con estos antecedentes, el Procurador conservador destituyó en septiembre de 2010 a la senadora Piedad Córdoba y la inhabilitó para ejercer cargos públicos (incluidos los de elección popular) durante 18 años. La acusó de haber realizado reuniones ilegales con las FARC.
Como es de conocimiento público, Córdoba tuvo activa participación en varios casos de liberación de prisioneros de guerra. Su papel de mediadora permitió que varios militares, policías y civiles –que habían sido detenidos por las FARC– pudieran recobrar su libertad. ‘Delitos’ que, según Ordóñez, debían ser sancionados.
El Procurador conservador ha manifestado públicamente –en varios medios de comunicación– su desacuerdo con el proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Continúa persiguiendo a sus contradictores ideológicos: el 9 de diciembre de 2013 anunció la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
El pecado de Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, fue ‘estatizar’ el servicio de aseo de calles, que era manejado por empresas privadas.Ordóñez argumenta que durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, “hubo una evidente crisis que sufrió la ciudad por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo, puesto que se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basura en la ciudad capital”.
El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue un guerrillero que perteneció al M-19. El pecado de Petro fue ‘estatizar’ el servicio de aseo de calles, que era manejado por empresas privadas. Ordóñez –como buen conservador– en el documento de destitución manifiesta: “(…) se vulneraron los principios de libre empresa y competencia, pues se impusieron instrucciones y limitaciones para que otras empresas distintas a las del Distrito prestaran sus servicios de aseo (…)”.
La ‘coincidencia’ es que, habiendo ya un acuerdo entre los delegados del gobierno de Santos y los líderes de las FARC, en el difícil punto de la participación política de la guerrilla, se produzca esta sanción que pone en tela de duda el diseño institucional actual, en función de los nuevos tiempos de paz que se avecinan.
El Procurador conservador seguirá en el cargo hasta 2017. Fácil es deducir que podría aparecer alguna ‘basura’ que le serviría de pretexto para destituir a los líderes guerrilleros que resultaren electos por votación popular.
Luego de la firma de la paz, el pueblo colombiano irá a las urnas para refrendar los acuerdos logrados en La Habana. Sería una magnífica oportunidad para que el soberano pudiera reformar el artículo 277 de la Constitución vigente, que permite a un funcionario imponer sanciones jurídicamente desproporcionadas y éticamente dudosas.
El pueblo colombiano sabrá vencer a los enemigos de la paz.