Recorriendo uno de los sistemas de riego del área de la Cuenca del Guayas, su dirigente manifestaba preocupación por el precario mantenimiento de la estructura de riego que ponía en peligro los cultivos dependientes del agua que conduce sus canales de riego.
No obstante las dificultades observadas, le hacía notar a mi acompañante que los canales estaban hasta el borde, lo cual indicaba que el agua en la zona no faltaba, asegurando la próxima cosecha, a lo cual me contestó tajante: “Estás equivocado, y cometes el mismo error de los que creen que esta región tiene suficiente agua, que a lo mejor es probable, pero está mal distribuida. Se desperdicia y, cuando viene la sequía, hay tomas ilegales de sectores que no pertenecen al sistema, desesperando a los usuarios legítimos, a los que no les llega el agua, expresando con violencia la necesidad de una administración eficiente y confiable del recurso”.
Estas deficiencias de administración que enfrenta el riego nos indica la urgencia de contar con la gobernanza del agua, definida como “la relación de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se establecen para desarrollar y manejar los recursos hídricos y suministro de agua en los diferentes usos y niveles de la sociedad”.
El aumento del consumo de agua por la humanidad ante un volumen hídrico invariable con el que cuenta el planeta ha sido motivo de preocupación de los foros mundiales: Dublín (1992) en preparación para la Cumbre en Río de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente (1992), en cuya sesión de clausura se adoptó la llamada Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible:
1. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles.
3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua.
4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.
Estos principios son de básica consideración para establecer las disposiciones de gobernanza del agua para evitar inequidades que, si bien en nuestro medio son temporales, resultan dramáticas en zonas del planeta donde millones de menores de edad y mujeres caminan durante largas jornadas para abastecerse de agua.