Cuando escribo esta nota, los acontecimientos electorales del domingo 17 no han sucedido, y como no soy adivino ni pitoniso, no puedo saber los resultados, que son la sumatoria de las voluntades de millones de ecuatorianos.
Nadie puede saber con anterioridad cuál es (como dicen los argentinos) la verdad de la milanesa y tenemos que basarnos en la presunción de las encuestas y los propios candidatos que han pronosticado la contundencia de los resultados.
Desde que se presumía cuáles iban a ser los resultados, los perdedores empezaron a hablar de la cancha inclinada, del árbitro vendido, del paquetazo premeditado y otras sandeces propias de los derrotados a los que no les queda otro camino que hablar de fraude.
Como el resultado no puede ser otro que la sumatoria de los votos depositados en las urnas, el único camino es buscar la credibilidad de la buena fe con que ha actuado todo un pueblo para decidir su destino.
Los perdedores no cesarán de argumentar que el resultado no es la expresión del pueblo, aunque los votos digan lo contrario y garanticen que su voluntad ha sido expresada a través de los papelitos en las urnas.
El organismo electoral ha manejado dos armas contundentes para afianzar la credibilidad en sus procedimientos, una externa, que consiste en la convocatoria a todos los organismos posibles electorales internacionales, para que vengan a ver en el sitio mismo la idoneidad y transparencia de procedimientos humanos y tecnológicos: más de 300 observadores de diversos orígenes del globo terráqueo han sido convocados, unos por ser de organismos similares, otros, por ser personalidades acreditadas en el mundo intelectual, académico y político que jamás se prestarían a solapar sinvergüencerías.
La otra arma es la interna, haciendo todo a la luz pública y convocando a los propios interesados a ser parte de este proceso.
Los responsables de la elaboración, manipulación, traslado y control de manejo de votos sin usar, urnas y documentos que dan testimonio de la realización del proceso, han estado a cargo de una institución masiva, jerárquicamente estructurada, que son las Fuerzas Armadas del país, es decir, Ejército, Marina y Aviación, con millares de componentes que tienen su estructura, que resulta imposible sospechar alguna manipulación.
Los votos y materiales electorales se fabrican en el Instituto Geográfico Militar; la manipulación y el traslado de ida y vuelta de esos documentos -antes y después del proceso- están bajo la responsabilidad de las unidades militares.
Miles de personas que intervienen con la conciencia de ser custodios y dueños de la imparcialidad, y que hoy, además, con la facultad optativa que tienen para votar, son también condueños de los resultados.
Si a pesar de todo ello los derrotados y perdedores insisten en hablar de fraude no es sino la natural reacción de los que no pudieron ganar y no saben perder.
Es decir, no sirven para jugar.