En el artículo del 30/julio/2012 analizamos cómo el Gobierno ha puesto límites a los bancos regulando las tasas de interés, eliminando las comisiones bancarias, fijando costos de servicios financieros, favoreciendo al consumidor financiero y obligándolos a vender los negocios no bancarios (casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros). A pesar de todas estas restricciones los niveles de utilidades pasaron en 2010 de 269.4 a 394.7 millones de dólares, en 2011, un aumento de 46.5% en un solo año.
Un informe de la calificadora de riesgos Fitch Ratings sobre el sistema bancario ecuatoriano señala que tiene muy baja penetración de mercado, una estructura operativa costosa, debido a muchas agencias y personal. Sin embargo, la calificadora expresa que “el sistema bancario muestra todavía un margen financiero relativamente alto para una economía dolarizada, que junto a la contribución de los ingresos no financieros han compensado en cierta medida la presión de la estructura de costos sobre la rentabilidad”. En síntesis, la banca muestra ineficiencia, altos costos y elevada rentabilidad.
La propuesta de Lasso de incrementar el bono se convirtió en un boomerang político, pues el Gobierno propuso el proyecto de ley de “Redistribución del Gasto Social” mediante el cual se financiaría el aumento del Bono de Desarrollo Humano de $ 35 a $ 50. Una parte de los recursos provendría de bancos privados con el 3% de los anticipos del Impuesto a la Renta (IR); impuesto del 25% sobre fondos disponibles de subsidiarias de bancos en el exterior (en paraísos fiscales 35%) o de inversiones en títulos valores en el exterior; eliminación de la exoneración de 10% del IR concedida para que entregue créditos a sectores productivos, IVA a los servicios bancarios y límites a los sueldos de los funcionarios. Los recursos impositivos de estas fuentes financiarían el 54% del aumento del bono y la diferencia será cubierta con el presupuesto.
Las medidas impositivas respecto a los fondos de la banca en el exterior incentivarían a traerlos al país; la eliminación de la exoneración del 10% de IR, si bien afecta poco sus utilidades (18.3 millones), solo debería ser concedida a sectores productivos por reinversión de estas, ya que incentiva el nivel de actividad económica y el empleo. La limitación de los sueldos de los funcionarios es una medida que se ha aplicado en USA y España, por la crisis bancaria, ya que son una forma de disminuir utilidades y un mecanismo de justicia salarial para los empleados.
Las Cámaras se oponen al proyecto mostrando que, cuando se afectan sus intereses, los grupos económicos se unen. El sistema bancario es un oligopolio, dominado por 3 bancos, que no tiene competencia extranjera, por eso puede mantener la ineficiencia. Reducir esta le permitiría bajar costos, capitalizarse y aumentar sus ganancias compensando los impuestos que pagarían con el proyecto de ley.
En esa medida no afectaría la estabilidad financiera. Lo fundamental es que la banca quiere seguir manteniendo altas utilidades y no asumir su responsabilidad social.