Acaba de concluir en Quito el Festival Mundial de la Juventud, que reunió a 8.500 chicos y chicas de 80 países, deseosos todos de alcanzar para el planeta una vida plena de paz, justicia y alegría. Cuando esta masa bullente de humanidad conoció las atrocidades cometidas en Ecuador por la multinacional estadunidense Chevron (Texaco), cundió la indignación, la solidaridad con los pueblos amazónicos azotados por esta corporación cancerígena, y la exigencia unánime de que se someta a la sentencia judicial ecuatoriana que la condena a pagar 9.500 millones de dólares por concepto de indemnización socioambiental, suma que es apenas una pluma de golondrina para la todopoderosa compañía petrolera, que es la segunda en el mundo. Un clamor unánime surgió entonces desde los enardecidos pechos de la juventud: “¡Chevron: paga lo que debes!”.
Similar consigna justiciera va ganando terreno en el cantón Pedro Vicente Maldonado, rico y laborioso emporio de la provincia de Pichincha, donde la comunidad se dedica a la agricultura, a un turismo creativo y a un sano desarrollo empresarial, pero en donde también hace algunos años se asentó una empresa gerenciada por Federico Pérez Intriago, político de varias camisetas (liberalismo, Prian), quien fuera prefecto de la provincia y en 2006 diputado de esa cosa llamada Congreso Nacional. Bajo la razón social de Crecult S.A., esta empresa se dedicó en grande al negocio porcino de modo tal que, si por un lado se acumuló el billete, por otro los habitantes del cantón, especialmente los más cercanos al río Armadillo, pronto fueron rociados por los nauseabundos olores y males de la piel provenientes de una incontrolable evacuación de excrementos porcinos que iban directamente a los cauces fluviales. Pasiva y tolerante al comienzo, al fin la comunidad reaccionó y exigió de las autoridades -Alcaldía, Senagua, Ministerio del Ambiente- que se pusiera fin a esta agresión ambiental y social. Vinieron inspecciones e inspecciones, informes e informes y la compañía fue condenada hace más de un año a pagar una suma de 52 mil dólares por los daños ocasionados. Suma que, por su pequeñez, constituye más bien una aguinaldo navideño a favor de la empresa contaminadora. Mas Crecult, lejos de pagar la suma impuesta, se ha dedicado a perseguir a los denunciantes, sin respetar siquiera la autoridad del alcalde Pacífico Egüez, y enderezando sus cañonazos contra el empresario Marco Chiriboga, conceptuado como el más firme denunciante, y contra el doctor Vicente Hidalgo, médico cuyo delito consistió en señalar, científicamente, los graves problemas de salud causados por la susodicha contaminación de origen porcino. De allí que la comunidad se manifestara unánimemente a favor de los ciudadanos así perseguidos por pájaros de alto vuelo acostumbrados a disparar contra la escopeta de la justicia. Pero al parecer esta comienza a vislumbrarse, cuando el fiscal Juan Clemente Flores ha llamado a juicio por delito ambiental a la empresa de marras, abriéndose el juicio Nº 2013-536 en el juzgado 16 de esa jurisdicción; juicio al que por ahora debe responder su personero, Rodrigo Cevallos Viteri, pues Federico Pérez goza del cielo norteamericano, cerca de Jamil Mahuad, los hermanos Isaías y otros próceres del ‘capitalismo salvaje’, en el que brilla como gigantesco astro la Chevron y como estrella enana Crecult, contaminante, falsaria, persecutoria como aquella. De allí que no resulta equivocada la sugerencia de unos jóvenes de estas comunidades, quienes proponen llevar adelante una activa campaña bajo la consigna moralizadora de “¡Federico: paga lo que debes!”.